El 4 de septiembre, el general retirado Rito Alejo del Río, El Pacificador, fue detenido en el Club Militar de Bogotá por órdenes de la Fiscalía General de la Nación. El militar fue acusado por los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso y Héber Veloza, de haber actuado de manera conjunta en múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en el Urabá antioqueño y las selvas del Chocó en el marco de la Operación Génesis, en 1996-97. Entre los crímenes que se le imputan figura el asesinato del líder afrodescendiente del Cacarica, Marino López, uno de los casos documentados sobre los temidos “mochacabezas” de las AUC.
Su detención significa un duro golpe para Álvaro Uribe, quien ha protegido y encubierto a Del Río de manera sistemática, desde los tiempos en que el actual mandatario de Colombia se desempañaba como gobernador de Antioquia. Como candidato a la Presidencia, Uribe fue orador principal de un acto de homenaje al “patriota” Del Río, cuando éste fue retirado del ejército en previsión a una investigación penal que condujo a una primera detención, en 2001. Entonces, sus palabras fueron consideradas un desafío a la justicia y una posible complicidad en las conductas delictivas. Ya como presidente, Uribe posibilitó que Del Río fuera contratado como asesor del Departamento Administrativo (DAS), organismo de seguridad política del Estado, y en 2006 apoyó la candidatura del ex militar al Senado.
La captura de Del Río se produjo luego de que la procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia reabrir el proceso contra el militar, archivado en marzo de 2004 por el ex fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio Isaza, actual embajador en México. Considerado uno de los padres del paramilitarismo colombiano, Del Río fue comandante de la 17 brigada del ejército con sede en Carepa, Antioquia. Bajo su mando, soldados y paras de las AUC cometieron cientos de matanzas y generaron desplazamientos forzosos de miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes de las comunidades de Cacarica, Dabeiba, Curvaradó y Jiguamiandó, en cuyas tierras existen hoy cultivos ilegales de palma africana y de bananos (Multifruit/Del Monte), se destinan a la ganadería extensiva o son explotadas por Maderas del Darién Pizano SA.
Los vínculos criminales de Rito Del Río con grupos paramilitares y narcotraficantes, así como su probable responsabilidad en prácticas sistemáticas típicas del terrorismo de Estado, han sido destacados desde 1996 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe E/CN.4/1998/16 de la ONU alude a los nexos entre los paracos (paramilitares en la jerga popular) y las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, denominadas Convivir, implantadas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y cuyos miembros eran seleccionados en la 17 brigada, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia del Estado colombiano amparada por una vasta red de complicidades y un blindaje institucional que garantizaba impunidad. De hecho, detrás de la brigada existía una base paramilitar que alternaba como sede de una Convivir, y a unos y otros el general Del Río les permitía entrenar en el polígono de la unidad.
El accionar conjunto de militares y paramilitares fue parte integrante de la Operación Génesis, dirigida por el llamado Pacificador del Urabá, que sólo en el corregimiento de Pavarandó provocó el desplazamiento forzoso de 4 mil 500 personas. Uno de los líderes de Convivir fue el jefe de las AUC Salvatore Mancuso, quien ahora acusa a Del Río de complicidad. No obstante, en 1996, en un congreso de ganaderos, el entonces gobernador Uribe dijo que las cooperativas de seguridad “no son pantalla de los grupos paramilitares”. Ello, pese a que en el expediente de Del Río existen testimonios que involucran a dos paramilitares, alias Filo y alias Beto, responsables de más de un centenar de asesinatos, que tenían como base de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de Uribe. Las armas para las acciones les eran proporcionadas por el general Del Río, a quien Beto consideraba un “duro” del Ejército.
Del Río estuvo involucrado en la construcción de las estructuras clandestinas del Estado desde 1982, cuando aprovechó su estadía en Israel –donde coincidió con Carlos Castaño, uno de los líderes nacionales de las “autodefensas”– para conseguir arsenales destinados a combatir al “enemigo interno” en Colombia, en el marco de la doctrina de guerra sucia, eufemismo para designar las operaciones encubiertas de contraguerrilla de las fuerzas militares y el accionar paramilitar, como brazo ilegal auxiliar del ejército. Como general en retiro, su vocación genocida lo hizo participar, en septiembre de 2000, en la planificación de otra matanza en Antioquia, junto con los líderes paramilitares Carlos Castaño, los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, y el ganadero Lisney Negrete.
Del Río deberá rendir indagatoria por el delito de homicidio agravado en persona protegida. Sin embargo, merced a testimonios judiciales de militares, policías, paramilitares y civiles, su voluminoso expediente incluye más de 200 acusaciones de asesinatos, detenciones-desapariciones, masacres, torturas, desplazamiento forzosos, bombardeos, extorsiones, sobornos y pillaje. A pesar de las múltiples pruebas contra el general Del Río, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio y el actual vicefiscal general Guillermo Mendoza Diago adelantaron una investigación con el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional (artículo 20 del Estatuto de Roma). Su eventual condena significaría romper con la lógica de la narcoparapolítica que ha permeado al Estado y a un sector de la sociedad colombiana.
Carlos Fazio, Reconocido articulista de la prensa mexicana.
Publicado en La Jornada
