Durante una semana, juristas de todo el mundo buscan comprometer al Gobierno en sus diferentes niveles a proteger y respetar los derechos de los abogados defensores de los derechos humanos en Colombia.
La Caravana Internacional de Juristas, reúne en Colombia desde el 25 y hasta el 29 de agosto, un importante número de abogadas y abogados procedentes de diversas partes del mundo con el propósito de defender a los abogados defensores de derechos humanos en el país. «La presencia de colegas nos permitirá desde el terreno, denunciar y analizar la situación que viven los abogados y abogadas defensores de derechos humanos. Buscar el compromiso de las autoridades nacionales y departamentales de protección y respeto a los abogados defensores, así como llevar un mensaje de apoyo y solidaridad a los y las colegas que se encuentran en situación de riesgo», dicen apartes de un comunicado de la Caravana conocido por VOZ.
Por su parte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una de las entidades convocantes al certamen, opina que el conflicto social y armado, y la violencia común, constituyen factores de alto riesgo para el ejercicio profesional de la abogacía en Colombia, puesto que generan intimidaciones, amenazas, asesinatos, desapariciones, exilio, judicializaciones y procesos disciplinarios contra los abogados. Agrega el Colectivo que dichos riesgos se incrementan con la carencia de una institución profesional capaz de representar a los abogados ante las autoridades, de protegerlos colectivamente y de promocionar el respeto al ejercicio profesional como componente del sistema democrático de justicia. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no dispone de la colegiatura profesional.
Objetivos de la Caravana
Los objetivos principales de la presencia de la Caravana Internacional de Juristas son entre otros, sensibilizar a la sociedad en general acerca del papel de los abogados en el sistema democrático de justicia; promover el derecho de los abogados a no ser vinculados con las causas de sus defendidos y a no ser perseguidos por dicho motivo; denunciar la persecución a los abogados en Colombia y las violaciones a los derechos humanos que se relacionan con el ejercicio profesional y observación de la situación que viven las víctimas en Colombia y las organizaciones de derechos humanos.
Igualmente, realizará encuentros con diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que les permitirá a las personas participantes en la caravana conocer más sobre la realidad colombiana más allá de la difusión que hacen los medios de comunicación.
La inexistencia de una organización gremial nacional que agrupe a todos/as los abogados y defienda el libre ejercicio profesional, hace que sea particularmente difícil en la actualidad saber con exactitud la cantidad de abogados asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados o exiliados y en general que han sufrido limitantes al ejercicio de su profesión. La agudización de la situación de riesgo para los abogados litigantes en el país, especialmente quienes defienden derechos humanos, motivó la activación de una campaña iniciada en el año 2003, denominada «Sin abogados no hay justicia», en la que participaron diversas organizaciones de juristas y de derechos humanos.
Experiencias anteriores
La situación de los juristas colombianos fue objeto de análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una audiencia regional, así como la presencia en el país de diversas misiones internacionales, entre ellas la desarrollada por las organizaciones Abogados Sin Fronteras y la Asociación Americana de Juristas, en septiembre de 2007.
Los continuos asesinatos, desplazamientos internos y el exilio de muchos de ellos; procesos judiciales en su contra, amenazas, desapariciones y presiones indebidas para impedirles aceptar defensas o litigios relacionados con el acompañamiento jurídico a víctimas de derechos humanos, ha ocasionado que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, haya expresado que «La Oficina observa con interés y preocupación las condiciones en que desarrollan su tarea quienes en Colombia se desempeñan como defensores de personas penalmente procesadas, actuando como defensores de confianza, defensores públicos o defensores de oficio. No pocos de ellos hacen parte de los sectores de la población cuya vulnerabilidad constituye uno de los aspectos más inquietantes del contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia».
