Manipulación mediática en México

A pesar de una obstinada realidad que los desmiente y pone en evidencia, los miembros de la clase gobernante, de la clase política en el poder y de las instituciones, se empeñan en manipular la información con medias verdades, flagrantes mentiras o arrojando un velo de silencio sobre hechos comprobados. De ese modo pretenden exculpar o desviar la atención de los responsables dando una versión distorsionada de los sucesos y a menudo culpabilizando a las víctimas. Los actores involucrados son a menudo miembros del aparato gubernamental, pertenecen a las fuerzas armadas o a alguno de los cuerpos policíacos.

{{{Verdades a medias, mentiras flagrantes o el silencio
}}}

Tomemos un reciente caso emblemático: Tlatlaya

Hechos: El 30 de junio de 2014, 22 civiles—una joven de 15 años y 21 jóvenes del género masculino—perdieron la vida en un enfrentamiento con miembros del ejército mexicano, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Versión oficial: 22 civiles perdieron la vida en un choque armado registrado cuando un grupo de militares que realizaban labores de vigilancia fueron agredidos por desconocidos.

Versión no oficial: Solamente uno de los supuestos delincuentes murió en el enfrentamiento entre supuestos delincuentes y miembros del ejército, y los demás fueron ejecutados luego de rendirse.

La versión oficial, difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y respaldada de inmediato por el gobierno del Estado de México, debería haber sido cuestionada rapidamente, ya que una sobreviviente del enfrentamiento declaró a la Revista Esquire Latinoamérica que los soldados fueron quienes dispararon primero, que los presuntos delincuentes respondieron y que en el enfrentamiento murió sólo uno de los civiles, los demás se rindieron y, tras ser interrogados, los soldados los ejecutaron horas después. Además resulta muy extraño que sólo uno de los soldados hubiera resultado herido si los presuntos delincuentes habían iniciado el ataque con armas de fuego.

Con esa versión se habría dado por cerrado el caso. Sin embargo, las declaraciones de una de las sobrevivientes y la presencia de un reportero de AP en el lugar de los hechos, atrajeron la atención de medios nacionales e internacionales y mantuvieron abierto el caso, al poner en entredicho la versión oficial. Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima. Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.

La manipulación: Desde un principio, tanto el Ejército como los Gobiernos Estatal y Federal sostuvieron en la prensa y en la televisión la versión de que había habido una agresión contra elementos del ejército, iniciada por presuntos delincuentes y que aquellos sólo habían respondido al ataque sin que hubiera evidencia de ejecuciones. Además, luego de que el caso tomó notoriedad, tanto el gobierno como el ejército obstaculizaron el acceso a los expedientes, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la comisión que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el caso.

En su empeño por acallar la verdad, el ejército mexicano bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aun cuando hay información oficial en el sentido de que dos generales habrían estado en la bodega donde fueron ejecutados los 22 civiles (Unidad de Investigaciones MVS, Enero 26, 2015). También llama la atención que las autoridades federales investigaron la escena 2 meses y medio después de ocurrido el enfrentamiento.

El 25 de septiembre de 2014 la Sedena informó que 1 oficial y 7 elementos de tropa habían sido arrestados por su “presunta responsabilidad en delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes”. Observamos cómo la jerga militar busca disfrazar los hechos y restarles importancia llamándolos “delitos contra la disciplina, desobediencia e infracción de deberes” en vez de someter a estos soldados a juicio por homicidio.

Por otra parte, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no investigar a altos mandos militares involucrados en los hechos de Tlatlaya para proteger la imagen del ejército mexicano. La PGR también ha negado información del caso a la comisión especial de los diputados que investigan el caso, argumentando que las investigaciones “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado” al tiempo que el gobierno declaraba que la Procuraduría realizaría una investigación abierta y a fondo para aclarar los hechos de Tlatlaya, que se llegaría a la verdad y se haría justicia. Eso no ocurrió pero además, la citada comisión especial no sólo fracasó en su objetivo de llegar a la verdad sino que meses después ha quedado prácticamente en el olvido.

Además, en una comparecencia ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo una férrea defensa del Ejército al asegurar que en caso de comprobarse la muerte de 22 civiles a manos de militares el 30 de junio pasado, sería una «excepción».

Finalmente, luego de las investigaciones hechas por la PGR el caso ha dejado como resultado ocho militares presos, tres de ellos acusados de homicidio y claras evidencias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, los hechos no han sido esclarecidos en su totalidad y prácticamente no se habla ya del tema, en parte debido a otros hechos lamentables que han ocupado el espacio público, como el caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, al que se hizo referencia en el número anterior.

{{ {{{El silencio es quizá la forma más perversa de manipulación de la información}}} }}

Hacer “desaparecer” de los medios la información sobre hechos y realidades incómodas para las clases gobernantes y oligárquicas, es un recurso frecuentemente utilizado que no sólo revictimiza a quienes sufren agravios y a sus familiares sino que permite que los responsables escapen a la acción de la justicia y los asuntos caigan gradual pero inexorablemente en el olvido.

Además de atreverse a negar hechos y calificarlos de rumores, las élites en el poder imponen el silencio mediante amenazas y agresiones físicas a individuos e instalaciones, presiones para que se acalle o despida a periodistas incómodos—como el caso de la destacada periodista Carmen Aristegui—o bien la desaparición y asesinato de periodistas y comunicadores cuya único delito es buscar la verdad y ofrecerla como contrapeso a las versiones oficiales.

En otro ejemplo de la política de manipulación de la realidad y dejando de lado la violencia e inseguridad que siguen marcando la vida de la sociedad mexicana, el Presidente Peña declaró hace unos días que “la Estrategia Nacional de Seguridad de su administración está funcionando.”

Peña Nieto hace alarde de la detención de varios líderes de la delincuencia organizada como si con ello se resolviera el grave problema de violencia que hay en México, como si con ello se hubiera detenido el tráfico y la distribución de drogas ilícitas, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión y tantos otros delitos que, como agravante, en muchos casos cuentan con la complicidad y la protección de policías y funcionarios públicos.

Detenciones que son meros golpes mediáticos y declaraciones sin sustento sobre el supuesto fortalecimiento de la presencia de la autoridad, la disminución de la violencia a su mínima expresión, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la recuperación de la tranquilidad.

Pero la paz y la tranquilidad aun no han vuelto a la sociedad mexicana.

Fuente: Diario de Nuestra América No.3, Avril 2015, Investig’Action