Los mexicanos ya no vemos lo duro sino lo tupido…

Seguimos enfrentando problemas aislados sin acabar de entender que las luchas individuales suelen fracasar y traducirse en derrotas colectivas…

Esta colaboración tenía originalmente el objetivo de ofrecer un panorama de la situación de los pueblos indígenas en México pero, al intentar organizar el cúmulo de problemas que enfrenta el 10% de la población y ponerlos en contexto, fue inevitable ir encontrando otra enorme cantidad de conflictos variopintos que obligó a revisar dicho objetivo. ¿Qué hacer? ¿hablar de los graves problemas de los pueblos indígenas e ignorar esos otros problemas igualmente importantes y urgentes? Definitivamente no. Pero ante el abrumador número de conflictos, una interrogante empezó a tomar forma: ¿por qué buscar siempre resolver individualmente cada uno de los problemas cuando es evidente que tienen un responsable común? Y sabemos que ese responsable es la estructura encargada de aplicar un modelo económico neoliberal que ha tenido consecuencias desastrosas para nuestro país.

Para dar una idea de la cantidad y diversidad de problemas que abruman a numerosas comunidades y grupos sociales, basta consultar los medios de comunicación que se atreven a informar sobre estos asuntos a pesar de los riesgos implícitos. Lo que encontramos es una larga lista de situaciones en las que se enfrenta la población y alguna de las expresiones del poder formal y fáctico, a saber:
- Las muertas y desaparecidas de Juárez y el número creciente de feminicidios—particularmente en el Estado de México

- El hostigamiento de autoridades migratorias hacia los migrantes centroamericanos que incluye su secuestro y entrega al crimen organizado

- El acoso a los estudiantes, destacadamente a los de las escuelas normales rurales (muchas han sido desaparecidas) cuya expresión más cruda ha sido el secuestro y desaparición de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa Los 24,000 desaparecidos documentados en todo el país

- Las ejecuciones de Tlatlaya, Tanhuato, Acteal, Aguas Blancas, el casino de Monterrey, y una veintena más de matanzas colectivas en la última década, por cuenta del ejército, la policía, los grupos paramilitares, el crimen organizado y los grupos de sicarios, con un aterrador saldo de más de 135 mil muertos desde que inició la fallida “guerra contra el narco”

- Los desgarradores testimonios de las madres cuyos hijos son secuestrados por comandos que ingresan a las poblaciones y a los hogares mismos, sin que autoridad alguna lo impida.

- Los 49 niños quemados por la corrupción en Sonora,

- Los casos de pederastia que involucran a curas, gobernadores y funcionarios públicos

- La censura y agresiones a medios informativos independientes—incluyendo las radios comunitarias—el acoso, secuestro, tortura y asesinato de periodistas—casi un centenar ha sido víctima de desaparición o de tortura y asesinato en los últimos 15 años

- La detención, desaparición forzada, tortura y asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales

- El 17 de junio pasado, en Oaxaca fueron ilegal y violentamente detenidas 100 personas (en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores) cuando regresaban a su casa después de participar en la marcha pacífica de los pies cansados, de los cuales 25 fueron trasladados a penales de máxima seguridad, entre ellos Roque Coca Gómez, ex preso político de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007. Han sido acusados de terrorismo y desde el momento de su aprehensión han sido torturados física y sicológicamente y en su proceso existen múltiples violaciones a los derechos humanos, como incomunicación durante más de 14 horas (durante ese tiempo fueron trasladados a diversas instituciones de la PGR), negación de traductores a quienes hablan una lengua indígena, así como falta de acceso a una defensa adecuada debido a que no se les permite ver a sus familias y abogados.

- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que 89 por ciento de los indígenas en México vive por debajo de la línea de pobreza, presenta los más bajos índices de desarrollo humano, su índice de analfabetismo es 5 veces mayor que el del resto de la población y sus escuelas están en condiciones miserables.

- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informa que más del 70 por ciento de la población indígena mexicana carece de servicios de salud y que las niñas y niños de sus comunidades padecen desnutrición crónica.

Algunas de las luchas de poblaciones indígenas en curso:

. El pueblo Yaqui de Sonora en contra de la privatización del agua a favor de las industrias agrícola y refresquera. Sus líderes han sido perseguidos, amenazados y acusados falsamente para enviarlos a prisión.

. El pueblo hñahñu de Lerma, Estado de México, se opone a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan porque se destruiría el bosque que han conservado por muchos años y se destruirían diversos ecosistemas. Con la intensa movilización y la razón que les asiste ganaron un fallo favorable de la justicia ante lo cual el presidente Enrique Peña Nieto, pasando por encima del fallo, decidió firmar un ilegal decreto expropiatorio de los terrenos del pueblo hñahñu para entregarlos a Grupo Higa, la empresa que vendió a Angélica Rivera la suntuosa “casa blanca”. Además se sigue amenazando y hostilizando a los líderes del movimiento.

. Los jornaleros de San Quintín, Baja California. Luego de la huelga y las movilizaciones que visibilizaron su situación y a raíz de las mesas de negociaciones anunciadas con bombo y platillo en la prensa oficialista, lo único que han obtenido es un aumento de 30 pesos en su salario pero acompañado por más trabajo, maltrato por parte de los mayordomos y en general peores condiciones laborales.

. La comunidad Zapoteca de Magdalena Teitipac, Oaxaca, organizada para defender sus territorios de la minera Plata Real, S. de R. L. de C. V., enfrenta procesos penales por delitos fabricados contra 14 defensores comunitarios. A pesar de que la asamblea general del pueblo aportó pruebas de su inocencia, hay varios defensores recluidos en penales de Oaxaca. Esta comunidad vive por ello una situación de conflicto desde hace 6 años.

. La comunidad zapatista de Tzakukum ha estado recibiendo amenazas de muerte, agresiones físicas y hostigamiento por parte de paramilitares, en el marco de los movimientos de contrainsurgencia orquestados por el gobierno mexicano contra comunidades zapatistas.

. La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ha sido intervenida militarmente para llevar a cabo la detención de Cemeí Verdía Zepeda, primer comandante de la Policía Comunitaria y Coordinador General de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila. Las acciones del gobierno mexicano en contra de Manuel Mireles, la Comandante Nestora Salgado, Cemeí Verdía y muchos otros miembros de las autodefensas en prisión, golpean a los verdaderos defensores de las comunidades asoladas por el crimen organizado y las dejan a merced de estos grupos criminales.

. Grupos priístas despojaron a indígenas simpatizantes del EZLN en Tenejapa de 5 hectáreas y se encuentran en condiciones inhumanas, según denuncia del Centro Fray Bartolomé de las Casas. El Estado ha sido omiso y la fiscalía especializada obstruye el proceso de restitución de tierras.

. La población de Amatlán de los Reyes, Veracruz se opone a 3 proyectos que dañarían gravemente el medio ambiente: 1) la construcción de un gasoducto que no representaría beneficio alguno para el pueblo ya que sólo atravesaría el municipio para beneficiar a empresas privadas; 2) la construcción de un relleno sanitario; y 3) la instalación de la hidroeléctrica El Naranjal. Representantes de los pobladores han recibido amenazas de muerte.

. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) busca impedir este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que causaría la inundación de 13 poblados, el desplazamiento de más de 20 mil habitantes, la inundación de 14,213 hectáreas, la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco, el embalse de 13,728,000 hectáreas. Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder de la CECOP fue acusado injustamente de robo y recluido en el Penal de la Unión de Montes de Oca, Guerrero, en donde permaneció más de un año y acaba de ser liberado por falta de pruebas. Suástegui Muñoz es un comprometido defensor de los derechos territoriales de las comunidades. La CECOP argumenta que la CFE ha promovido la celebración de asambleas comunales y ejidales fraudulentas.

. La lucha y la unión del pueblo wixárika o huichol por defender su principal sitio sagrado del Cerro del Quemado en el extremo oriental del desierto de Wirikuta, afectado por la explotación de la empresa minera canadiense First Majestic lograron que el Poder Judicial de la Federación concediera la suspensión provisional para la explotación minera en su región sagrada pero no la cancelación de las concesiones. Los wixárikas se mantienen en pie de lucha.

. Los pueblos de origen náhuatl de los estados de Puebla y Colima, interpusieron tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado mexicano, dado que la Secretaría de Economía expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales. Están en espera de la resolución judicial y se mantienen en pie de lucha.

. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) ha documentado lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, un ejemplo de lo que la minería puede ocasionar. Carrizalillo es una comunidad totalmente ocupada por la actividad minera pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado particularmente a la compañía minera Goldcorp, la cual ocupa más del 85 por ciento del territorio del ejido y lo poco que todavía no ha sido destruido, está contaminado.

. La comunidad indígena Me’phaa de San Miguel El Progreso está organizada para defender la vida y su territorio en contra de la minería a cielo abierto. En los últimos años, los territorios de los pueblos indígenas en la Montaña y Costa Chica de Guerrero se han visto amenazados por el aumento en la entrega de títulos de concesión para exploración y explotación minera. Hoy el 30% del territorio de la Montaña está concesionado para esta actividad.

. Indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, Jalisco mantienen una lucha contra la minera Peña Colorada. En junio 2015 hubo un enfrentamiento con personal de la minera; el abogado Eduardo Mosqueda, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) que trabaja con los comuneros nahuas, fue detenido y se está exigiendo su liberación así como la cancelación de diez órdenes de aprehensión en contra de indígenas nahuas que defienden sus terrenos y se oponen a los trabajos de la minera por la contaminación de ríos y áreas naturales.

. Teófilo Hernández lleva poco más de ocho años internado en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel. Él, al igual que mil 200 presos más, se encuentra recluido por que el Estado no cuenta con intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura.

. Más de 5 mil indígenas de Venustiano Carranza, en Chiapas exigen la desmilitarización de su comunidad, la liberación de nueve presos políticos, la cancelación de 165 órdenes de aprehensión y la presentación de dos menores de edad desaparecidos. Denuncian la venta ilegal de ganado y terrenos comunales en donde, argumentan, hay minas de oro y de uranio.

. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron la intervención “urgente” del gobierno mexicano ante la gravedad de las amenazas de muerte que pesa sobre el sacerdote de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez y los miembros de su consejo parroquial, quienes han denunciado a grupos de caciques priístas que gobiernan en esa localidad indígena tzotzil.

. Desde 1994, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ha sido considerada una de las mejores regiones del mundo para el desarrollo de la industria eólica y como consecuencia, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, existen ya 21 parques eólicos, la mayoría establecidos sin el conocimiento informado ni el consentimiento pleno de las comunidades afectadas.

La lista prosigue interminable y la respuesta que invariablemente ofrece el gobierno cuando las comunidades se organizan para defender sus derechos, es la represión directa, la criminalización de los movimientos, la persecución de sus líderes, la violación de fallos judiciales que se llegan a ganar, el uso de tretas jurídicas, todo acompañado por intensas campañas de desinformación, desprestigio o silencio en los medios. Y ahora también hay una respuesta del crimen organizado que se expresa en secuestro, tortura y asesinato.

A todo esto se agrega una impunidad que deja 92% de los delitos sin castigo y recientemente una reforma laboral que borra de un plumazo las conquistas laborales resultantes de las luchas del siglo pasado, la reforma en telecomunicaciones que beneficia a las televisoras, la mal llamada reforma educativa que es a todas luces un mecanismo para golpear al magisterio disidente, la reforma energética que entrega el petróleo y la generación de energía eléctrica al sector privado nacional e internacional, la Ley General de Aguas elaborada por el gobierno federal para atender a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras que explotarán los hidrocarburos, con el consecuente despojo a los pueblos indígenas, la violencia cotidiana en las calles y un largo y doloroso etcétera, todo por cuenta de esa estructura oligárquica conformada por gobernantes corruptos, banqueros insaciables y codiciosos empresarios, apoyados en un aparato de justicia venal, en una eficiente red de medios de comunicación, en fuerzas armadas legales e ilegales (paramilitares y grupos de sicarios) que reprimen brutalmente cualquier brote de inconformidad.

Claro que esto no es ninguna novedad. Hay cientos de análisis de la situación mexicana que llegan de una u otra manera al mismo diagnóstico. Entonces ¿por qué nos obstinamos en seguir eligiendo batallas particulares, atomizando recursos materiales y humanos, en lugar de unir fuerzas y atacar el origen de todos los problemas?

Insistimos en que se ha venido luchado casi siempre en respuesta a problemas particulares ya sea la defensa de la tierra, del agua, del derecho al trabajo, a la educación, a la salud; enfrentando los abusos de gobernantes, caciques, terratenientes, grupos de poder político y económico; contra la violencia en sus diversas expresiones y generada tanto por instituciones del Estado como por el crimen organizado y la delincuencia común. El resultado de estas luchas atomizadas es: muy escasos y acotados triunfos y numerosos fracasos que se traducen en derrotas colectivas acompañadas de un gran desgaste, un profundo desaliento y una terrible sensación de impotencia.

Tenemos entonces luchas individuales que se convierten, irremisiblemente, en derrotas colectivas y esa incapacidad nuestra de encontrar un piso común a partir del cual podamos impulsar, unidos, una transformación de fondo—no paliativos o cambios gatopardianos como ha sucedido en la mayoría de los casos—nos mantiene en esa condición de pesadilla en la que tratamos de avanzar pero no nos movemos. Y a ello contribuyen los poderosos medios al servicio del poder económico y político—medios electrónicos, impresos, cadenas radiofónicas y televisivas, las redes sociales que son usados para ocultar, desvirtuar o acallar las voces de denuncia y reclamo de justicia.

¿aprenderemos algún día la lección?

Source: El Diario de Nuestra América 7 Investig’Action