Juan Guzmán, el juez chileno que se atrevió a enfrentar a Augusto Pinochet

En 1990, tras 17 años de dictadura, el general Augusto Pinochet se vio obligado a dar paso a un presidente electo democráticamente. Sin embargo, sólo aceptó hacerlo a cambio de un acuerdo tácito que le garantizara la impunidad. Seguía siendo jefe del ejército y senador vitalicio, gozaba de inmunidad parlamentaria de facto, y fue él mismo quien designó a la mayoría de los jueces en ejercicio en ese momento. 


 

Tras varios años de contención, los incesantes esfuerzos de las familias de las víctimas y de los desaparecidos están dando frutos. El poder judicial intenta recuperar un mínimo de autonomía. A principios de 1998, Juan Guzmán Tapia, un juez más bien conservador de la Corte de Apelaciones de Santiago, aceptó instruir las primeras querellas contra el ex dictador. Le acusó de “secuestro permanente” y “homicidio calificado” en el caso conocido como “Calle Conferencia”, relativo a la desaparición de varios dirigentes del Partido Comunista en 1976. En los meses siguientes, se presentaron varios centenares de denuncias contra Pinochet en diversas causas.

El 16 de octubre de 1998, mientras se encontraba en Londres por motivos médicos, el general Pinochet fue detenido a petición de los jueces de la Audiencia Nacional española, Manuel García Castellón y Baltazar Garzón, quienes investigaban dos denuncias paralelas sobre desapariciones y asesinatos de ciudadanos españoles en Chile y Argentina durante los regímenes militares. Mientras la Cámara de los Lores se negó a conceder la inmunidad diplomática al general, el presidente chileno Eduardo Frei y su gobierno de centro-izquierda no dejaron de exigir la repatriación del ex dictador a su país. El ministro socialista de Asuntos Exteriores, José Miguel Insulza, justificó esta insistencia: “En España, Augusto Pinochet no tendría, por el contexto excesivamente politizado, un juicio sereno”, mientras que en Chile podría ser “más eficazmente juzgado”. [1] Por su parte, la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, calificando la detención de “cruel” e “injusta”, acusó al juez Garzón de “estar asesorado por un grupo de marxistas”. [2]

Cuando en octubre de 1999, el Tribunal Supremo británico ratificó la extradición del general a Santiago en lugar de a Madrid, un discreto “comité de crisis” en el que participaron Washington (Bill Clinton), Londres (Tony Blair), Santiago (Eduardo Frei) y Madrid (José María Aznar), encontró una salida: un informe de tres médicos británicos designados por el Reino Unido concluyó que Pinochet no podía comparecer ante el tribunal, debido a su “delicado estado de salud”. El 3 de marzo de 2000, el mundo fue testigo de una escena extraordinaria: en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Santiago de Chile, el “moribundo”, que había bajado del avión en una silla de ruedas, se levantó enérgicamente para saludar a sus antiguos compañeros que habían acudido a recibirle.

Pocos días después de este regreso, el juez Guzmán persiste y, firmemente, negándose a dejarse engañar, interroga al ex dictador y decide acusarlo por los asesinatos cometidos por la “Caravana de la Muerte”, un escuadrón de militares que recorrió el país ejecutando a un centenar de opositores, tras el golpe de Estado de septiembre de 1973. Un general reveló las torturas infligidas a las víctimas de esta operación: los miembros del comando “les sacaron los ojos con cuchillos de combate curvos y les quemaron las mandíbulas y las piernas”. [3] 

El antiguo tirano no podía ser atacado impunemente. La presión sobre el nuevo presidente, Ricardo Lagos, era considerable. Las fuerzas armadas manifestaron que si las autoridades políticas ponían fin a los procedimientos judiciales, era “probable que aceptaran una reforma de la Constitución” legada por Pinochet. De forma más o menos discreta y desde diversos horizontes, desde la derecha hasta el Partido Socialista, se multiplicaron los “consejos de moderación” dirigidos a Guzmán: Las medidas cautelares a veces… pueden ser moderadamente moderadas. 

El 3 de diciembre de 2000, los pinochetistas se manifestaron en Providencia, frente a la casa del juez, calificandolo de “vergüenza nacional”. A principios de 2001, después de haberle llamado “lunático”, Jacqueline, la hija menor de Pinochet, pidió a las Fuerzas Armadas que mostraran una “determinación más fuerte y enérgica” ante el proceso contra su padre. Valiente, Guzmán no se dejó intimidar. Pero su seguridad tuvo que estar permanentemente garantizada por diez inspectores de la policía judicial, que constituían su guardia cercana.

Guzmán nunca perdió la esperanza de ver a Pinochet enjuiciado. Sin embargo, tras someter al ex dictador a un peritaje médico, el Tribunal Supremo decidió el 1 de julio de 2002 que el ex jefe de Estado, que supuestamente sufría “demencia senil”, ya no podía seguir siendo procesado. “Podría haber estado de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema”, dijo Guzmán más tarde en una entrevista, “pero habiendo visto a Pinochet y tras estudiar seriamente los informes médicos, no podía dejar de considerar que sus facultades mentales eran normales”.

Gracias a esta certeza, consiguió volver a acusar a Pinochet en 2005 en otro caso, el de la “Operación Cóndor”, un plan concertado que permitía a las dictaduras sudamericanas eliminar a sus opositores. La “justicia”, que se pronunció en septiembre por la liberación del ex dictador, llevó al magistrado a renunciar a ir más allá.

Después de retirarse a principios de mayo de 2005 tras denunciar numerosas presiones, Guzmán relató sus experiencias en un libro, En el borde del mundo: Memorias del juez que procesó a Pinochet [4]. Al conocer la triste noticia de su fallecimiento en Santiago, el 22 de enero de este año, a la edad de 81 años, todo el equipo de producción del documental El juez y el General, dedicado a él, ha querido expresar su solidaridad, apoyo y cariño a su familia. “Juan Guzmán era un hombre de honor, valiente y generoso. Creemos que merece un reconocimiento nacional”. Como contribución y homenaje, con la esperanza de que su obra sea ampliamente conocida, y para animar a los medios de comunicación a dar a conocer mejor “su compromiso y rectitud”, este equipo ofrece el documental en acceso libre. [5]

 

 

 

Notas

[1]  Le Monde, Paris, 3 de diciembre de 1998.

[2]  El País, Madrid, 7 de octubre de 1999.

[3]  Le Monde, 31 de enero de 2001.

[4]  Les Arènes, París, 2005.

[5]  Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco (dirección y realización), Maria Isabel Mordojovich y Jac Forton (traductores de la versión francesa).

 

Traducido del francés por América Rodríguez para Investig’Action

Fuente: Mémoire des Luttes