«En Cataluña hay una emergencia social en el derecho a la vivienda»

Durante los últimos años, las tensas relaciones entre el gobierno autonómico de Cataluña y el gobierno central en Madrid han eclipsado en buena parte la gravedad de la situación que atraviesan numerosas familias. En el contexto político especial previo a la celebración del referéndum, y ante la necesidad de “ensanchar las bases sociales” del movimiento independentista, una ley de “medidas urgentes para la emergencia habitacional” fue aprobada por el Parlamento catalán en julio de 2015. Pero la confrontación política con el Partido Popular de Rajoy impidió su puesta en funcionamiento y fue anulada en menos de un año. Hoy en día, varios colectivos que defienden el derecho a la vivienda en Cataluña denuncian la creciente pobreza y vulnerabilidad de familias, así como el “retroceso” que significa el decreto ley propuesto por el actual gobierno catalán. Entrevista a Israel Ureña del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña.

 

 

Alex Anfruns : ¿Cómo se interesa su organismo por la situación de la vivienda?

 

Israel Ureña: Dentro del Colegio de Trabajadores Sociales, ya hace más de 2 años que existe nuestro grupo de trabajo sobre la vivienda. Lo forman Trabajadores Sociales de diferentes sectores de la administración autonómica y local, de los servicios sociales básicos.

El grupo ha ido creciendo, cada vez somos más, y hemos hecho diferentes jornadas de trabajo. En la última – que fue hace dos semanas – vinieron casi 70 profesionales de toda Cataluña. Cada uno con su realidad: algunos de Barcelona, otros de Gerona, de ayuntamientos pequeños… pero todos constatamos que el tema de la vivienda está realmente en una situación crítica.

 

Precisamente, en su reciente comunicado de prensa ustedes denuncian la «vulneración sistemática del derecho a la vivienda». ¿Qué tienen en común los testimonios de los trabajadores?

 

Que no hay oferta pública de vivienda. La media del parque público de la vivienda en Europa, respecto al total, es del 14%, mientras que en Cataluña y en España no llega al 2%. Como no existe oferta publica, lo que ocurre es que tampoco se pueden regular los precios del alquiler. Si hubiera más oferta, eso ayudaría de alguna manera a que los precios no subieran.

Ese es el primer déficit que hay en Cataluña y en España en general. Entonces para las familias que se van desahuciando, no hay pisos públicos que ofrecerles. Nuestro comunicado se hace desde la experiencia directa de los trabajadores sociales, así como de las vivencias de las familias que atendemos, al ver la situación en la que están…

 

En lo que respecta a los desahucios, ¿qué podría decirnos de la evolución en estos últimos años?

 

Ha sido dramática. Cataluña «lidera» el número de desahucios en toda España. Somos la comunidad autónoma con más desahucios. Por ejemplo, en Barcelona ciudad se calcula que cada día hay una media de doce desahucios.

Al comienzo de la crisis, del 2008 al 2012, se trataba sobre todo de desahucios de hipoteca. Pero luego se hicieron algunas leyes que protegían mediante la opción a una dación en pago, etc. Entonces, a partir del 2012, lo que ha subido exponencialmente han sido los desahucios por alquiler. Son desahucios mucho más rápidos: las familias no tienen tantas garantías ni protecciones, por lo tanto cada vez la cosa va a ir en aumento, con más desahucios de alquiler.

 

¿Podría explicarnos más concretamente en qué consiste ese mecanismo de la “dación en pago”?

 

Sí, claro. Corresponde al caso de una persona que tiene una hipoteca con un banco y no puede pagarla, al haberse quedado sin trabajo o por tener un trabajo en el que cobra menos. Entonces esa persona puede decirle al banco que le perdone la deuda, a continuación el banco se queda la vivienda y por lo tanto hay dos opciones: o bien la persona se va de esa casa, y el banco se la queda y puede venderla a otra persona; o el banco le propone un alquiler en base a sus ingresos.

 

También apuntan en su comunicado el desequilibrio existente entre los salarios y el precio del alquiler. ¿Existe en Cataluña alguna experiencia que destacarían en el ámbito de la regulación del precio del alquiler?

 

No, experiencias de ese tipo no existen realmente en Cataluña. Lo que hubo es una propuesta de ley que finalmente no se aprobó en el Parlamento catalán (el decreto ley 9/2019, NdR). Pero en mi opinión era más bien de cara a la galería, porque estábamos en plena campaña electoral. En el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona se ha intentado hacer medidas, por ejemplo que un porcentaje de las promociones nuevas de vivienda se destinen a protección oficial.

Donde sí hay una experiencia de regulación de ese tipo es en una ciudad como Berlín. Allí, cuando el propietario quiere aumentar el precio del alquiler injustificadamente, los inquilinos pueden protegerse. Es lo que está pasando ahora en Cataluña: de repente cuando te quieren renovar el contrato de alquiler, dicen «ahora te lo voy a subir 300 €, y si no quieres pues te largas». Y claro, el salario de la gente es el mismo ¡o incluso más bajo! Entonces la gente se ve obligada a abandonar su piso…

Mientras que en Berlín, existen precios de referencia para el alquiler y si los propietarios les quieren subir el precio a los inquilinos, éstos pueden pedir una especie de tutela judicial. No es que sea vinculante al 100%, pero al menos sí que pueden reclamar una cierta protección por la vía judicial. Esto, por ejemplo, estaría bien que se pudiera hacer aquí en Cataluña también.

 

Denuncian que la última resolución que regula las ayudas al alquiler supone un retroceso en los requisitos. ¿Puede darnos un ejemplo?

 

Imaginemos el caso de una persona que está pagando el alquiler y de repente se queda sin trabajo durante cuatro o cinco meses por la razón que sea. Está claro que durante ese periodo la persona no ha pagado el alquiler, no ha podido pagarlo. Por lo tanto debe cinco cuotas de alquiler. Si al sexto mes, la persona consigue un empleo y puede volver a pagar el alquiler correspondiente. Lo que pasa es que como hay una deuda acumulada, los ingresos no llegan para pagarla. Entonces la Generalitat de Cataluña proponía una ayuda concreta para reembolsar esa deuda. «Oiga, esos meses durante los cuales le fueron mal las cosas, le damos un dinero para que pueda pagar esa deuda». La Generalitat pagaba la deuda si veía que la persona podía seguir pagando, de modo que las personas que solicitaban la ayuda podían obtenerla si justificaban sus ingresos, es decir su viabilidad económica.

El problema es que ahora se han endurecido los requisitos para obtener esa ayuda. Antes, se aceptaban como justificativo las nóminas, certificados de pensiones, otras fuentes de ingresos… Pero ahora ya no se acepta la declaración jurada de ingresos, en la que la persona declaraba que trabajaba obteniendo unos determinados ingresos sin contrato. Lógicamente eso perjudica a las familias vulnerables, que pueden ir combinando trabajos en la economía formal con otros en la economía sumergida. Lo cual le impide a esas personas que puedan pedir esa ayuda. En resumen, con esta resolución la Generalitat está poniendo más dificultades en la ayuda que tenían algunas familias, que de alguna manera les servía para liquidar la deuda en su alquiler.

 

¿Qué puede decirnos sobre la Ley del Parlamento catalán que fue «tumbada» por el Tribunal Constitucional?

 

Sí, se trata de la ley de 2015. Fue realmente la más ambiciosa que ha hecho la Generalitat y por la que nosotros apostamos, porque se tendría que recuperar. Esa ley obligaba a los grandes propietarios, los bancos, etc. – antes de llevar a cabo un desahucio de una familia que no podía pagarles la hipoteca o el alquiler-, a ofrecer un alquiler social. Un alquiler en base a los ingresos de cada familia.

Con esa ley se evitaron un montón de desahucios, porque los bancos antes de echar a una familia estaban obligados a hacer una oferta de alquiler. Lo que sucede es que el PP llevó esta ley al Tribunal Constitucional, que la tumbó al liquidar los artículos que recogían esta posibilidad.

 

¿Desde entonces esa ley ya no está en vigor?

 

Exacto. Todos los demás artículos de la ley funcionan, pero esos artículos no porque están suspendidos. Del centenar de artículos que contiene, esos cinco no se aplican. Pero claro, esos cinco eran los más importantes. Eran los que daban realmente protección.

Evidentemente una cosa es cuando el propietario es pequeño y necesita cobrar para vivir, eso es otra cosa y por lo tanto debe trabajarse de forma individual, caso por caso, en el enfoque que haya que darle y lógicamente ayudando a ambas partes. Pero cuando el propietario es un banco, después de que en España se haya rescatado a la banca con millones y millones de euros, pues lo mínimo es que el banco se aguante y les haga un alquiler social a las familias.

 

¿De qué manera cuentan “dar apoyo a las movilizaciones ciudadanas”?

 

Hay en estos momentos muchas asociaciones y movimientos vecinales que están luchando contra los desahucios y la especulación en la vivienda de alquiler. La más famosa es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de donde salió Ada Colau. También está el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos). Pero además en cada barrio, de Barcelona por ejemplo, existen asociaciones que están luchando contra fondos inversores.

Ahora hay una lucha vecinal en el barrio del Raval, porque quieren desahuciar a una finca entera que pertenece a un fondo de inversión buitre. Allí viven 10 familias con niños, y están todos los vecinos organizándose porque hay un desahucio abierto: eso significa que durante 15 días pueden venir en cualquier momento las autoridades a desahuciarles. Así que los vecinos se organizan y hacen turnos de vigilancia para que no se lleve a cabo la expulsión. Nosotros como Colegio, vamos a ayudar en todo lo que sea difusión y apoyo, asistiendo a las asambleas que hacen estas asociaciones…

Porque en esta situación la clave la tiene la ciudadanía. Es la que se tiene que empoderar, organizarse y luchar contra esto. No olvidemos que la ley de la que hablábamos y que fue tumbada, la que obligaba a los bancos a ofrecer un alquiler social, si llegó a aprobarse en el Parlamento autonómico es porque tenía detrás todo un movimiento ciudadano de recogida de firmas, con todo un movimiento de lucha que fue de los ciudadanos. Si no hubiera habido ese movimiento ciudadano nunca se habría llegado a aprobar. Por ahora no hay una movilización concreta, pero si hay luchas concretas en cada municipio, cada barrio de Cataluña. Y en esas nosotros estaremos del lado de las personas.