El caos permanente de Libia. Indiferencia e inercia

En el actual desorden internacional, algunos asuntos son víctimas de un silencio ensordecedor por parte de la mayoría de los estados y de los grandes medios de comunicación, silencio al que acompaña un desinterés manifiesto del mundo intelectual y particularmente de los juristas más eminentes quienes, sin embargo, teóricamente deberían sentirse muy concernidos. Es el caso, entre otros, del problema kurdo, los pueblos autóctonos del Golán anexionado, Cachemira, la reunificación de Corea, etc. Y la cuestión libia desde 2011 (1). El único punto en común de esas situaciones de crisis crónica cuyo origen es antiguo, es la extrema debilidad de los pueblos directamente afectados, los cuales no están en condiciones, por diferentes razones, de influir con fuerza en las relaciones internacionales. Las grandes potencias «vigilan» para que dichas situaciones permanezcan más o menos ignoradas por la opinión internacional con el fin de evitar que resurjan, ya que sus intereses económicos o estratégicos estarían en causa.

 

La complejidad, que en algunos casos alcanza un nivel que parece inextricable, facilita este «mantenimiento en la sombra» sin suscitar, aunque solo sea, la curiosidad intelectual de los juristas especializados, de quienes aunque podamos admitir que no tienen la obligación de señalar la conveniencia (dejando a los políticos esta tarea), al menos tienen la responsabilidad de cuestionar los procesos de retroceso del derecho, fuente de miseria social y de crisis masivas.

 

1. ¿Por qué esa falta de atención?

 

Ante la constatación preocupante de la indiferencia (al menos aparente) de los juristas expertos en el terreno del derecho internacional y de los politólogos analistas de las relaciones internacionales, debemos buscar las causas de esta nueva «traición de los intelectuales»

Es particularmente desgarrador para quienes, en el corazón del mundo occidental, todavía son sensibles a la tesis querida de G. Scelle, eminente jurista de mediados del siglo XX, favorable al «desdoblamiento funcional» que hacía responsables a las grandes potencias, como Estados Unidos (o Francia), de sustituir la ausencia de un poder mundial centralizado y de neutralizar a las soberanías enfrentadas.

Esta concepción parece prolongar hasta nuestros días la vieja tradición de los «estados civilizados» superiores a pueblos a los que consideran inferiores y a los que por lo tanto tendrían plena legitimidad para imponer sus puntos de vista por todos los medios y escoger sus lugares de intervención dominadora.

Al igual que los grandes medios de Europa y Estados Unidos, numerosos juristas y politólogos, lejos de ponerse en el lugar de los sirios, intervienen exclusivamente para describir la organización y el funcionamiento «técnico» de las instituciones y las normas o para criticar a los «enemigos» más o menos declarados (por ejemplo China o Rusia) con ocasión de sucesos puntuales (por ejemplo el conflicto ruso-ucraniano) con el mismo espíritu que lo hacen los estados en los que residen.

Ese descriptivismo selectivo dominante, que ignora las prácticas estatales, viola claramente la legalidad internacional y en particular el principio de igualdad soberana de los estados, como fue el caso de la intervención en Libia en 2011 y en el conflicto armado de varios meses que siguió hasta la ejecución sumaria de Muammar Gadafi, merece, al parecer, la búsqueda de hipótesis explicativas.

La primera hipótesis es la confirmación del seguidismo doctrinal tras la política: así la doctrina dominante ejerce una función de legitimación de las relaciones de fuerza existentes y particularmente de la política seguida por los estados que las aprueban. Lo que escribía en 1905 el profesor Bonfils sigue siendo el fundamento del enfoque actual: «Francia, a pesar de algunas debilidades pasajeras, siempre ha sido la campeona de la justicia y el humanismo» (2). Muchos son los herederos oficiosos del profesor Louis Le Fur (Précis de Droit International public, Dalloz, 1931) que lo único que hacen es expresar de forma erudita el consenso ideológico de su tiempo y su mundo, marcado por el «centrismo occidental». Como en el pasado y como en la doctrina estadounidense, los contemporáneos se preguntan sobre la «ilegibilidad de algunos estados» al derecho internacional, demasiado poco «civilizados» para beneficiarse del derecho común, antaño la doctrina francesa casi unánimemente señalaba los pueblos «salvajes o bárbaros» por no considerarlos desde el punto de vista del derecho «miembros regulares de la comunidad internacional», es decir, como los estados europeos y Estados Unidos. Los juristas críticos que aparecieron a mediados del siglo XX, particularmente durante los años 1970-1980, que se inspiraban en el marxismo y se preocupaban por la igualdad soberana de todos los estados, fueron considerados «ideólogos subversivos» (3).

No debemos protestar por la utilización de la fuerza armada contra Irak o a favor de Kosovo ni examinar la muy «flexible» interpretación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad en 2011, que concluyó en la liquidación total el régimen de la Jamahiriya libia por iniciativa del Gobierno francés y sus aliados británico, estadounidense y Catarí. Como en la época colonial (en particular durante la «guerra» de Argelia, calificada en derecho de «operación policial»), Francia no puede trabajar más que por el «bien común de la humanidad» (Le Fur). El recurso a la fuerza armada se lamenta de forma unánime, pero como dijo en el pasado el Instituto de Derecho Internacional, que no compartía «la utopía de aquéllos que quieren la paz a cualquier precio», la guerra es «un mal inherente a la humanidad e inevitable».

El seguidismo doctrinal se conformó con adoptar los desvíos de las estrategias estatales, es decir, hoy el «derecho del humanismo», después la «seguridad», antes que procedimientos considerados «ineficaces» (por ejemplo los del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, basados en la negociación y el acuerdo) y los fundamentos considerados inapropiados (la soberanía de los estados, por ejemplo).

Parodiando a Bourdieu, es obvio que para los juristas la mayoría de las veces el derecho no es una lucha. Al contrario, es el silencio o la prudencia extrema los que se imponen en materia de injerencia, de ética internacional (muy apropiada para soslayar el derecho), la guerra contra los «enemigos combatientes» según la clasificación estadounidense de los prisioneros de Guantánamo, lugar inédito de detención con respecto al que los trabajos jurídicos occidentales han sido escasos.

El arcaico concepto de la «guerra justa» se ha reintroducido en la «modernidad» jurídica. La ilegalidad se convierte para la OTAN, o en el marco de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad, en un concepto lícito del derecho consuetudinario, como en el caso de la injerencia humanitaria, en desafío de las posiciones de la Corte Penal Internacional ( fallo Nicaragua-Estados Unidos del 27 de junio de 1986 ).

La deconstrucción del derecho internacional calificada a veces de «clásica» para señalar su arcaísmo (apoyada por algunas corrientes doctrinales como lo demuestra la construcción de teorías «nuevas» ampliamente apoyadas por los gobiernos y los medios occidentales, como la «injerencia humanitaria» y la «responsabilidad de proteger», están en el origen de la «legalidad-legitimidad moderna», apropiada para los intereses contemporáneos de las potencias occidentales.

Como señaló André Hauriou en su último escrito en 1974, las investigaciones jurídicas están «de acuerdo con el gusto de los tiempos» (4). Es evidente que Libia no está de moda. La profesión de jurista es una con su objeto, existe una especie de fraternidad entre el científico y su objetivo y Libia nunca se ha beneficiado.

El drama es que encontramos, en particular entre los autores estadounidenses, posicionamientos que tomó la doctrina nacionalsocialista de la Alemania de los años 1930-1940. Heinrich Rogge, por ejemplo, considera que «ningún principio jurídico de derecho positivo debe estorbar el libre desarrollo de los pueblos civilizados». Esa es la posición actual del Departamento de Estado. La distancia es mínima si se sustituye «libre desarrollo de los pueblos civilizados» por la expresión de los «principios universales», incluida la vía de las injerencias polimorfas en todos los pueblos y en todos los estados.

La OTAN y las potencias occidentales, tanto en los Balcanes como en Libia, Siria y Yemen en los últimos años, han impuesto los intereses de algunos estados y algunas empresas bajo el paraguas de «valores democráticos» a aquéllos que juzgados de «autoritarios», «totalitarios», o simplemente no fiables, como el régimen de la Jamahiriya, no tenían legitimidad para sobrevivir.

El resultado es el desarrollo en un buen número de países de un caos generalizado del que Libia es la ilustración más flagrante: a iniciativa de las potencias occidentales, las instituciones implosionaron, se destruyó el sistema económico y los recursos petroleros son saqueados por las milicias relacionadas con las grandes empresas. El intervencionismo de fuerzas externas es de naturaleza múltiple, las tribus recobraron su hostilidad tradicional y los exciudadanos de la Jamahiriya no tienen otra razón para vivir que sus intereses individuales de naturaleza mercantil.

Así se comprende el silencio casi total de los medios, del mundo intelectual (incluidos los juristas y los politólogos) respecto a una situación que es «la obra» iniciada por la Francia de Sarkozy contra Libia, la catástrofe libia es el resultado de un «apocalipsis legal» tolerado por el mundo jurídico y apoyado por la política.

 

2. Impunidad de los responsables del caos libio

 

Las exigencias que se imponen con respecto a Libia parecen evidentes.

Libia no puede ser considerada por el mundo occidental una simple suministradora de petróleo de calidad al precio más bajo posible y un espacio estratégico que permite a los europeos externalizar el control de los movimientos migratorios procedentes del África subsahariana.

En primer lugar el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región solo puede ser el resultado de la normalización de la situación en todas las regiones de Libia, el resultado de la reconstrucción de un Estado estable con instituciones adaptadas a la sociología del país, lo que solo se puede concebir en el respeto de la soberanía de Libia.

En segundo lugar, como los dirigentes occidentales no dejaron de proclamar a favor de Camboya, por ejemplo, a propósito del proceso de los Jemeres Rojos, la justicia debe pasar por favorecer la reconciliación contra todos los responsables de la situación del pueblo libio sumido desde hace ocho años en la miseria, la corrupción, los enfrentamientos armados y la presencia dominadora de los Hermanos Musulmanes, Al Qaeda y el Dáesh, por otra parte combatidos por los occidentales y Rusia. Porque ciertamente las fracturas en la sociedad libia fueron estimuladas por fuerzas exteriores cuyas preocupaciones no tenían nada de humanitarias y actuaban a favor o en contra de los dirigentes y sobre ciertos grupos libios mucho antes de los sucesos de Bengasi en febrero de 2011 (5).

Catar y los Hermanos Musulmanes de Egipto y Túnez, especialmente, proporcionaron los medios materiales, políticos y mediáticos (en particular el canal de televisión Al Jazeera) presentados como liberadores y demócratas contra la dictadura de Gadafi.

Sin verificar los hechos, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, así como los medios occidentales declararon, entre otras denuncias, que se distribuyó viagra a las fuerzas del régimen, con el fin de justificar de antemano ante la opinión internacional los ataques que vendrían (6).

Este ambiente favoreció la adopción de la resolución 1973 (presentada por Francia y Gran Bretaña) en 2011, adoptada por el Consejo de Seguridad el 17 de marzo de 2011, dirigida a prohibir el sobrevuelo de las aeronaves del régimen sobre el territorio libio, con el fin de proteger a las poblaciones civiles de eventuales bombardeos. Estados Unidos sin embargo había prevenido: el Consejo de Seguridad considerará «ir más allá de una simple zona de exclusión». Las declaraciones del Secretario General de la OTAN, A. F. Ramussen, añadiendo que la organización atlántica proseguiría «su misión mientras fuese necesario, la cuestión no es tanto saber si Gadafi caerá, sino cuándo». Según la OTAN, esta «guerra de Libia» (y no oficialmente «contra Libia») se basaba en el derecho humanitario, totalmente instrumentalizado.

No fue hasta el 8 de septiembre de 2016 cuando la comisión de Investigación del Parlamento británico entregó su informe en el que se señalaba la ilegalidad de esa intervención armada poniendo de manifiesto la responsabilidad de Nicolas Sarkozy y David Cameron, que agitaron informaciones falsas difundidas por las redes de exiliados libios y los canales de televisión Al-Jazeera y Al-Ardia: «La intervención limitada, dirigida oficialmente a proteger a los civiles, se transformó de manera oportunista en una campaña para derrocar al régimen. Esta política no estaba basada en una verdadera estrategia que permitiera organizar el país pos-Gadafi. Dio como resultado el hundimiento económico y político, las guerras entre las tribus y las milicias, las crisis humanitarias y migratorias, la ampliación de las violaciones de los derechos humanos, la propagación de las armas del régimen libio en toda la región y el crecimiento del Estado Islámico en el norte de África».

Ese informe fue confirmado por Amnistía Internacional, que desde el 23 de junio de 2011 denunció las informaciones falsas sobre el comportamiento de las fuerzas regulares contra los civiles (7). Solo 48 horas después de la votación de la resolución 1973, y a pesar de que la Unión Africana dirigida por Jean Ping había decidido intervenir para encontrar una solución política y pacífica a la crisis, se lanzaron los primeros bombardeos aéreos. Se trataba de obstaculizar de forma urgente cualquier negociación y cualquier transacción: el objetivo real, especialmente para Sarkozy y el Estado francés era eliminar, por diversas y variadas razones, incluidas las personales, a Gadafi y su régimen (8). Los bombardeos especialmente intensivos sobre Sirte, su ciudad, las ejecuciones de los miembros de la familia de Gadafi y las circunstancias de su muerte (9) son otros tantos elementos demostrativos (10).

A los bombardeos de las poblaciones de pueblos y ciudades libias, a los crímenes y actos de tortura de las milicias anti-Gadafi, se añade el caos generalizado que se pretendía en el conjunto del país desde hace casi ocho años.

Ese caos que reina en el territorio libio, donde se enfrentan dos autoridades con pretensiones gubernamentales (Trípoli frente a Bengasi), varias asambleas (no representativas) y las diversas tribus tradicionales, así como diversas milicias islamistas, demuestran a menudo una criminalidad común. El conjunto, impregnado de la presencia de islamistas de diversas tendencias se mantiene. Esa profunda confusión no pone en cuestión los intereses de las grandes empresas petroleras que revenden en el mercado mundial el petróleo libio saqueado a bajo precio a las milicias y a los micropoderes que lo poseen. Dicha confusión no perturba a Francia ni a los demás estados europeos, que buscan una solución para detener la llegada de emigrantes al continente. Además la Unión Europea financia a las autoridades libias que controlan, arrestan y detienen a los emigrantes que buscan asilo en el continente europeo.

Esta casi anarquía no se debe únicamente a las divisiones entre los libios. Cada bando y cada grupo se benefician, más o menos según sus obediencias, de apoyos extranjeros políticos y financieros, italiano, francés, estadounidense, catarí, etc., que estimulan las contiendas y rivalidades y suprimen cualquier soberanía libia. Los estados europeos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen una responsabilidad especial en esas violaciones de los principios fundamentales de la Carta de la ONU.

El asunto de la congelación de los activos libios es muy significativo.

Desde la resolución 1973 (2011) el Consejo de Seguridad tiene bloqueados los activos libios, en particular los fondos soberanos depositados por Trípoli en diferentes bancos occidentales. Algunos capitales se desbloquearon en 2011, antes de la caída de la Jamahiriya, para financiar la insurrección (11). Esos activos no solo siguen congelados casi ocho años después, sino que el bloqueo fue prolongado por la resolución 2441 (2018) hasta el 15 de febrero de 2020. Sin embargo la primera resolución 2009 (2011), confirmada por varias resoluciones más, preveía la restitución «al pueblo libio de esos activos, así como sus intereses y dividendos».

El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya conseguido reunir las condiciones para determinar cuál es el poder legítimo en Libia y no pueda darle los medios materiales para conseguir su efectividad, demuestra que existe contra el pueblo libio una especie de guerra usurera, de naturaleza económica y financiera, con el fin de imponer a Libia una política económica conforme a los deseos de las potencias dominantes.

Pero debido a eso las Naciones Unidas son cómplices de una situación en la que el conjunto de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de Libia se violan sistemáticamente mientras las lógicas comerciales se criminalizan en un clima general de corrupción, que solo suscitan reacciones muy moderadas de las instancias encargadas del problema, en particular el «Comité libio» y la Organización de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Activos Libios.

Otro hecho revelador relacionado con la práctica de ciertos bancos (entre ellos el Société Générale (12), el BNP, etc.), es que parece que nadie sabe dónde están los intereses y dividendos, miles de millones, de esos activos libios que deben restituirse según las resoluciones de las Naciones Unidas y del organismo de Expertos de las Naciones Unidas.

La impotencia del Consejo de Seguridad, que favorece el mantenimiento de las divisiones en el pueblo libio y el desarrollo de una «economía gris», se unen a la indiferencia mostrada por los estados occidentales, a pesar de algunos encuentros multilaterales sin efectos concretos.

La «responsabilidad de proteger a los civiles» que fue invocada en el Consejo de Seguridad para la intervención de la OTAN que siguió podría volverse contra las personas que la esgrimieron como un argumento pseudojurídico durante la agresión. La situación caótica de Libia merecería una nueva intervención en nombre de esa «responsabilidad de proteger», pero ese tipo de injerencia siempre se practica en sentido único, las potencias occidentales todavía no han optado claramente entre el ejército de Haftar (en Cirenaica y Bengasi) y el Gobierno de Fayez el Sarraj (en Trípoli), ya que el desorden establecido no cuestiona sus intereses.

Para salir de las múltiples contradicciones que sufre el pueblo libio, y los países vecinos por contagio (13), se impone ante todo el respeto de su soberanía, competencia del Consejo de Seguridad encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad. La voluntad de las grandes potencias, el intervencionismo actual obviamente no tienen por objetivo promover la soberanía de los pueblos pequeños.

Así, los crímenes cometidos en 2011 por la OTAN, los dirigentes de varios países occidentales (14), Catar y los responsables de las fuerzas armadas contra las poblaciones civiles, que constituyen crímenes de guerra, así como su inercia desde 2011 hasta hoy, al igual que los dirigentes de empresas que se aprovechan del caos para mejorar sus beneficios, podrían tener que someterse a la justicia penal si esta no fuera, como la CPI, una justicia política incapaz de sancionar a los ciudadanos de las grandes potencias. En realidad la CPI solo ejerce su competencia con respecto a los actos cometidos en África, porque «es el único espacio lo bastante marginal políticamente para no enfrentarse a los obstáculos de Estados Unidos y lo bastante débil políticamente para no desafiar a la Corte» (15). La presencia de jueces africanos no es en absoluto una garantía de imparcialidad ya que se atienen, lo mismo que los jueces occidentales, a un formato al estilo Common Law inadecuado para los problemas surgidos en los países del Sur (16).

Es difícil imaginar, aunque un recurso siempre es políticamente útil si se publica, que la CPI cuestione a los dirigentes de la OTAN o a los responsables franceses, ingleses o estadounidenses.

Aunque en 2017 la agresión se convirtió en un crimen según la CPI, esta nueva competencia no puede aplicarse a lo sucedido en 2011. Solo los crímenes de guerra cometidos en Libia son susceptibles de un proceso pero, como en Costa de Marfil, los responsables occidentales y sus aliados tienen todas las posibilidades de librarse (17).

No se pueden esperar de la CPI condenas penales a los destructores de Libia fuentes de eventuales reparaciones para un pueblo globalmente víctima de las operaciones de la OTAN.

En cuanto a los obstáculos para el cobro de los activos libios (18) son de tal complejidad y a menudo las consideraciones financieras (de los bancos de negocios) tan importantes, que es posible que solo se puedan restituir cuando se decida que deberán utilizarse para establecer una dirigencia libia estable a la que se dictará la política que decidan las potencias.

La increíble «desaparición» de los intereses y dividendos de los activos libios, congelados por la actuación de ciertos bancos de acuerdo con algunas instancias estatales en violación de las decisiones de las Naciones unidas, es un indicio que revela el carácter esencialmente político de la cuestión de la restitución de dichos activos necesarios para la reconstrucción de Libia.

Salvo que se logre la unión de las fuerzas libias favorables al respeto de la soberanía del país y el apoyo que pudieran recibir de las potencias extranjeras frente a las injerencias de 2011 a 2019, el caos libio se prolongará hasta acabar en un alineamiento con la política impuesta por intereses (especialmente petroleros y estratégicos) indiferentes a las necesidades del pueblo libio.

Una vez más la exigencia de respeto a la legalidad pasará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

 

Notas:

(1) La suerte que sufre el pueblo palestino moviliza a algunas asociaciones de solidaridad en el mundo occidental, así como a algunos movimientos universitarios y se libra así de la indiferencia de la que se beneficia la política israelí desde hace más de medio siglo.

(2) Prólogo del Manual de Derecho Internacional Público de Rousseau (1905).

(3) Véanse, por ejemplo, las apreciaciones aportadas por el movimiento de juristas «Critique du Drouet», fundado en los años 70, al que se comparó con una «disidencia» subversiva «afortunadamente» insignificante para la comunidad de los juristas «clásicos».

(4) Véase de A. Hauriou «Réflexions sur les statuts épistémologiques respectifs du pouvoir et de la liberté». RDP. 1974, p. 643.

(5) Conviene señalar que, paradójicamente, los disturbios de Bengasi en los que se basó la presunta intervención humanitaria fueron acompañados de colgamientos, degüellos o mutilaciones que recuerdan los métodos de los islamistas argelinos, los del Estado islámico en Irak y los del Dáesh en Siria.

(6) Esa noticia falsa, así como la del bombardeo de la población de Bengasi por la aviación del régimen, que nunca existió, fueron repetidas por todos los grandes medios occidentales y desarrolladas por diversas personalidades (como Bernard Henri Lévy) del mundo político, de las artes y las letras sobre la única base de una antigua hostilidad hacia la persona y el régimen de Gadafi.

(7) Véase el artículo de J. Ping en Le Monde diplomatique de agosto de 2014 ¿Era necesario matar a Gadafi? Uno de los tres puntos aceptado por Trípoli era la renuncia de Gadafi al poder. El llamamiento del obispo de Trípoli, monseñor Matinelli, pidiendo un «gesto humanitario hacia el coronel Gadafi que protegió a los cristianos de Libia», no fue escuchado.

(8) Uno de los aliados africanos de Francia más estables, Idriss Deby, presidente de Chad, lo expresó abiertamente el 16 de diciembre de 2014 en Dakar, en la clausura del Foro sobre la Paz y la Seguridad en África: «el objetivo de la OTAN era asesinar a Gadafi. Ese objetivo se cumplió». Véase también Avec les compliments du Guide , de F. Arki. K. Laske, Fayard. 2018.

(9) Véase la descripción del linchamiento de Gadafi por las milicias de Misrata (brigadas Al Nimer y al Assad), tras los ataques del escuadrón 3-mars-Ardennes al vehículo que transportaba a Gadafi y a uno de sus hijos ( Human Rights Watch . 16 de octubre de 2012).

(10) Con respecto a las víctimas civiles de los bombardeos de las fuerzas de la OTAN, de las que Amnistía Internacional da cuenta en su informe « Libia, las víctimas olvidadas de los ataques de la OTAN », de 2012, (tras una investigación sobre el terreno en enero y febrero de 2012), vino la respuesta: La propia OTAN (carta del 13 de marzo de 2012) se atrevió a afirmar que «como había ordenado explícitamente el Consejo del Atlántico Norte, ningún civil y ningún individuo específico, civil o militar, fue nunca objetivo en el curso de esa operación. Véase también el informe de Amnistía Internacional «La lucha por Libia, asesinatos, desapariciones y torturas», 13 de septiembre de 2011.

(11) Los ejecutivos del Banco Central libio, a través de los Hermanos Musulmanes, revelaron al Tesoro estadounidense las cuentas bancarias del país, lo que permitió congelar los activos en menos de una semana desde el principio de las protestas y beneficiar al consejo Nacional de Transición antes de la caída del régimen, es decir, desde el 1 de septiembre de 2011.

(12) Hay un proceso abierto ante el Tribunal Supremo de Londres contra la Société Générale y ha comenzado una instrucción en Bélgica con respecto a los intereses de los activos libios depositados en los bancos belgas cuya utilización parece que fue autorizada por el Gobierno belga y el Tesoro Público belga desde 2012.

(13) Las intervenciones militares francesas, incapaces de controlar el territorio como en Malí, por ejemplo, basadas en la «seguridad» no hacen más que agravar la situación y exacerbar las tensiones sociales locales sin arreglar nada en la lucha contra los «yihadistas» (quienes por otra parte tienen poca afinidad con los islamistas de Irak y Siria). La desaparición del Estado libio es una de las fuentes de desestabilización de los países vecinos, cuyas dificultades esenciales resultan de cuestiones económicas, sociales, inmobiliarias y secundariamente religiosas.

(14) Señalemos que Alemania se desmarcó y rechazó cualquier participación en la operación «Protector unificado» de la OTAN contra Libia.

(15) Véase «Dominic Ongwen on Trial: the ICC’s African Dilemmas », de A. Branch, en International Journal of Transitional Justice, 2017, p. 34.

(16) Esta particularidad que favorece la propensión a sancionar a los ciudadanos del Sur por hechos que también podrían reprocharse a los representantes del mundo occidental, ya fue denunciada por el juez indio Radhabinod Pal, del Tribunal Internacional militar para Tokio, y por el internacionalista Georg Schwarzenberger.

(17) Más que hacia una reorientación, la Corte Penal Internacional (CPI) camina hacia el declive. Aumentan los países que se retiran del Estatuto de Roma (algunos estados africanos, Filipinas, etc.) y vuelven incierto el futuro de la CPI. La creación de esta jurisdicción fue prematura. La «comunidad» internacional no tiene una existencia real, no existe una cohesión ideológica y todavía menos intereses comunes. La CPI, y numerosos estados ya son conscientes, presenta todas las características de una jurisdicción política al servicio de los dominantes. Los juristas occidentales, en general entusiastas en 1998 cuando se adoptó el Estatuto, se han vuelto más «cautos» en cuanto a su valoración.

(18) Los tratados internacionales no regulan la cuestión de la restitución de los activos adquiridos por la corrupción (Véase de T. Balmelli «La restitution des avoirs acquis par la corruption: de l’obligation morale à l’obligation juridique» en T. Balmelli. B. Jaggi. Les traités internationaux contre la corruption, 2004. (Suisse), p. 63 y s.

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

 

Autor de RUSOFOBIA ¿HACIA UNA NUEVA GUERRA FRÍA?, Robert CHARVIN es profesor emérito de derecho (especializado en las relaciones internacionales) en la Universidad de Niza Sophia-Antipolis, decano honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Economicas de Niza y consultante en Derecho Internacional, derecho de las relaciones internacionales.