Cómo las grandes empresas y Bill Gates se apoderaron de la cumbre alimentaria de la ONU

Nils McCune y Camila Escalante sostienen que la cumbre celebrada a finales de septiembre en Nueva York es una toma hostil de la gobernanza mundial por parte de poderosas multinacionales y cierta élite multimillonaria.


 

Las Naciones Unidas celebran desde el jueves 23 de septiembre en Nueva York su Cumbre de los Sistemas Alimentarios. Bajo el paraguas de la ONU, y a pesar de la ahora bien engrasada retórica de la “igualdad de oportunidades”, esta cumbre es una toma hostil de la gobernanza mundial por parte de las corporaciones multinacionales y una élite multimillonaria.

Hoy en día, los movimientos sociales luchan por la democracia y contra la devastación de sus tierras, granjas y modos de vida por parte del gran capital.

Las Naciones Unidas se crearon con la idea del multilateralismo, un espacio en el que los Estados-nación buscan soluciones pacíficas sobre la base de la igualdad y el respeto, en sustitución de las estructuras colonialistas que venían funcionando hasta entonces con toda normalidad.

Por esta razón, durante décadas el gobierno estadounidense ha desestimado a la ONU y en su lugar ha ejercido presión sobre organismos como el G-7, la OTAN y otras formas de organizaciones supranacionales para influir en la geopolítica mundial. 

Pero cuando los gobiernos de extrema derecha se retiran de la ONU o de la OMS –órganos que funcionan sobre una base igualitaria y respetuosa–, los actores con ánimo de lucro ocupan inmediatamente los puestos que dejan vacantes estos Estados.  

El Foro Económico Mundial y su presidente, Klaus Schwab, han impulsado silenciosamente la “Agenda de Davos”, ahora reenvasada como el “Gran Reinicio”, una propuesta radical para sustituir las instituciones multilaterales tradicionales por estructuras opacas y nebulosas controladas simultáneamente por las corporaciones multinacionales y el gran capital.

El modelo elegido de “capitalismo multipartidista” [multistakeholder] se basa en la idea de que las instituciones públicas son inherentemente ineficientes.

Durante la terapia de choque neoliberal de los años 90, el Foro Económico Mundial reivindicó que las empresas eran algo más que estructuras con ánimo de lucro, que podían ser socialmente responsables.

Y Davos sostiene ahora que las empresas transnacionales son actores sociales, que deben ser incluidos para que la toma de decisiones sea realmente democrática.

Pero al hacerlo, Davos ha desvirtuado décadas de trabajo de los movimientos populares para alertar a la gobernanza mundial sobre los problemas de las sociedades civiles. Esta apropiación se hizo mediante el uso de un doble lenguaje corporativo para dar más poder a las élites.

 

Filantropía disfrazada

 

La Vía Campesina es probablemente el mayor movimiento social del mundo. Integrada por 200 millones de pequeños agricultores, campesinos, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas, ha popularizado la idea de la soberanía alimentaria, así como el derecho de los pueblos a controlar y defender sus propios sistemas alimentarios con métodos agroecológicos apropiados.

Después de años de lucha contra los acuerdos de libre comercio y el Banco Mundial en las calles de Seattle, Cancún y Seúl, La Vía Campesina incursionó en la política institucional, ayudando a redactar e implementar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos durante 18 años de negociaciones, para que finalmente fuera adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018.

Esta declaración protege el derecho de la población rural a acceder a la tierra, el agua, las semillas y otros recursos para producir sus propios alimentos. Es importante señalar que el 70% de los alimentos del mundo son producidos por pequeños agricultores, que utilizan sólo una cuarta parte de la superficie total de las tierras agrícolas.

En 2006, la Fundación Bill y Melinda Gates creó la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA). La AGRA prometió duplicar los rendimientos y los ingresos de 30 millones de familias y reducir a la mitad la inseguridad alimentaria en 13 países africanos para 2020.

Desde entonces, la AGRA ha recaudado casi 1.000 millones de dólares en donaciones y ha gastado 524 millones de dólares en programas que promueven el uso de semillas híbridas y genéticamente modificadas, fertilizantes comerciales de combustibles fósiles y pesticidas químicos.

Como poderosa herramienta de presión en favor de las empresas multinacionales, la AGRA ha obligado a los gobiernos africanos a pagar 1.000 millones de dólares más al año para subvencionar los productos agroquímicos y las semillas importadas de las empresas agroalimentarias estadounidenses y europeas. Además, la AGRA ha presionado a estos gobiernos para que inicien políticas de privatización de las tierras comunales y reduzcan los impuestos a las empresas.

Tras 14 años de esta filantropía encubierta, un estudio realizado en 2020 por la Universidad Tufts muestra que en los 13 países objetivo de la AGRA el hambre ha aumentado un 30%. Los agricultores están siendo instigados a abandonar la agricultura mixta tradicional y nutritiva y a dedicarse a los monocultivos de semillas de maíz importadas[1].

Oponerse al dominio de la AGRA en el campo africano, es una de las razones por las que La Vía Campesina y los agricultores de todo el continente han exigido un asiento en la mesa de las conversaciones sobre alimentación de la ONU.

Tras la crisis alimentaria mundial de 2008, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU se reorganizó para permitir que actores sociales como La Vía Campesina participaran como delegados sin derecho a voto en los debates sobre política alimentaria.

Sucesivamente, tres relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la alimentación han respaldado ampliamente las propuestas de La Vía Campesina: la reforma agraria redistributiva y la agricultura agroecológica pueden erradicar las hambrunas y, al mismo tiempo, reducir significativamente el impacto de la agricultura en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en la disminución de la población de polinizadores y en la escasez de agua dulce.

 

 

La nueva ONU: ¿una coparticipación público-privada?

 

En junio de 2019, la Oficina del Secretario General de la ONU, António Guterres, sin debate público previo en la Asamblea General ni en ningún otro órgano intergubernamental, firmó una asociación estratégica con el Foro Económico Mundial.

Se supone que el Secretario General es el principal defensor del multilateralismo en el mundo, la idea central de la ONU. En su lugar, ha apoyado efectivamente la gobernanza de múltiples partes interesadas, la idea central del Great Reset [el Gran Reinicio].

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021 se puso en marcha en colaboración con el Foro Económico Mundial. En cambio, la participación de otros organismos de la ONU fue limitada. Es el caso, por ejemplo, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación o del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que tradicionalmente se ocupan de la política alimentaria.

A diferencia de las cumbres alimentarias anteriores, en la cumbre no participó ningún organismo intergubernamental.

La actual presidenta de la AGRA, Agnes Kalibata, fue nombrada enviada especial a la cumbre, lo que es un buen indicador del poder de la Fundación Gates.

La falta de transparencia y la agenda de las empresas participantes en la cumbre fueron denunciadas en una carta abierta firmada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil en marzo de 2020. Denuncian el creciente control de las élites y las multinacionales sobre la tierra, la biodiversidad y el agua.

 

Nota

[1] https://afsafrica.org/agra-a-dix-ans-a-la-recherche-de-preuves-dune-revolution-verte-en-afrique/?lang=fr

 

Nils McCune es un investigador, académico y pequeño agricultor radicado en Nicaragua. Es el delegado regional de la Vía Campesina en Norteamérica. Camila Escalante es periodista independiente en América Latina. Trabaja con Kawsachun News.

 

Traducido por Edgar Rodríguez para Investig’Action

Fuente: The Grayzone