América Latina en Resistencia: El regreso de Lula
- 14 Nov 2022
Editorial / Retos y obstáculos para Lula en la presidencia
Luis Inácio “Lula” da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil el 30 de octubre.
Menos de tres años después de salir de la cárcel tras ser acusado de supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero, cargos posteriormente anulados por el Supremo Tribunal Federal ante irregularidades procesales, Lula regresa al palacio presidencial para un tercer mandato.
El ex-dirigente sindical, de 77 años de edad, logró imponerse (50,90%) en una segunda vuelta muy reñida, ante el ultraderechista Jair Bolsonaro (49,10%), quien se convirtió en el primer mandatario brasileño derrotado en un intento de ser reelecto en los últimos 24 años.
Lula anunció que va a gobernar «para los 215 millones de brasileños» y por eso ha asegurado que «no existen» dos países. Sin embargo, los resultados electorales evidencian que no será fácil: el país está polarizado entre dos visiones opuestas, y además, existe un Congreso y tres importantes estados (Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro) dominados por el bolsonarismo.
Tras los resultados, Bolsonaro guardó un silencio de 44 horas que mantuvo en vilo al país ante la amenaza de que no reconociese los comicios. Sus seguidores bloquearon durante tres días 167 carreteras federales en 17 de los 27 estados del país. Además, se concentraron frente a los cuarteles para pedir una «intervención militar».
Pero poco a poco los bolsonaristas van saliendo de su estado de negación. Aunque el ejército dio señales ambíguas y está lleno de extremistas, es claro que el alto mando no está interesado en una aventura al estilo Trump en EE.UU.
Bolsonaro, de hecho, no aceptó explícitamente la victoria del izquierdista, pero autorizó el inicio de la transición de gobierno. Al respecto, el equipo de Lula, encabezado por el futuro vicepresidente, Geraldo Alckmin, ya se encuentra en Brasilia para preparar el acto que se llevará a cabo el próximo 1 de enero.
Durante su estancia en la capital, ha sostenido diversas reuniones para discutir el presupuesto, tema fundamental para poder cumplir las promesas hechas en campaña.
Entre las más importantes está mantener el programa de ayudas económicas Auxilio Brasil –que pasará otra vez a llamarse Bolsa Familia, como lo bautizó Lula en 2003–, y aumentar el salario mínimo real.
Pero Lula, que ya entabló compromisos con varios sectores de la burguesía brasileña, hereda un país en mucho peores condiciones de las que enfrentó en sus mandatos anteriores. La inflación anual cerró en 10,06 % en 2021, la peor cifra desde 2015, lo que lastró mucho el poder de compra de los brasileños, sobre todo entre los más pobres. De hecho, Brasil se encuentra golpeado de nuevo por el hambre, que afecta ya a más de 30 millones de personas.
Otro obstáculo para Lula será el Congreso que salió de las elecciones legislativas del 2 de octubre, con una composición mucho más de derecha, conservadora y afín a Bolsonaro.
El Partido Liberal (PL) del ultraderechista se convirtió en la primera fuerza tanto en la Cámara (99 de los 513 diputados) como en el Senado (14 de los 81 senadores). Si se tienen en cuenta sus partidos aliados, el bolsonarismo podrá hacer una oposición real y decidida en ambas cámaras. Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT), que Lula confundó en 1980, cuenta con 68 diputados, si se suman los partidos que formaron parte de su coalición llegaría a 120 escaños.
Asimismo, Lula tratará de recuperar la relevancia internacional que tuvo Brasil durante su mandato. Bolsonaro, de hecho, deja un Brasil aislado, sobre todo por su excesivo alineamiento con el expresidente estadounidense Donald Trump, en detrimento de China (su principal socio comercial, por delante de EE.UU.), y con países gobernados por la derecha conservadora.
A ese aislamiento contribuyó también la política ambiental del mandatario, que trajo consecuencias devastadoras para la Amazonia que el nuevo gobierno buscará ahora revertir.
En resumen, Lula y la izquierda brasileña tienen grandes desafíos por delante. En un terreno minado, la voluntad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría tendrá que ser la brújula. Mientras la campaña fue un período para “no ganar enemigos”, la presidencia deberá enfocarse antes que todo en no perder la base.
Y se trata también de una segunda oportunidad para el continente, para apostar en un modelo de integración regional que combata cada vez más la hegemonía imperialista de EE.UU.
Breves
Venezuela / Maduro y Petro se reunen en Caracas
Maduro y Petro. (Prensa Presidencial)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en Caracas, en una reunión que calificó de «fructífera», «auspiciosa» y «con buenos resultados».
Los presidentes conversaron sobre las relaciones comerciales, económicas, la gradual reapertura de la frontera, así como también de «la seguridad y funcionamiento debido y correspondiente» de la zona fronteriza.
Sobre este punto, Petro anunció acuerdos para reiniciar la cooperación a nivel de inteligencia y “golpear” el narcotráfico. Maduro también anunció la voluntad de que Venezuela reingrese al bloque económico de la Comunidad Andina (CAN), una propuesta que hizo Petro al inicio de su mandato.
EE.UU. / CIDH investiga a la Patrulla Fronteriza
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará el caso de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano que falleció en el 2010, luego de ser agredido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El organismo espera llegar pronto a una resolución final para un proceso que comienza 12 años después del homicidio y que ha sido entorpecido por el encubrimiento constante de Washington.
Sea cual sea el resultado que sea, los expertos en DD.HH. consideran que este caso sienta un precedente sobre el brutal abuso de los agentes fronterizos en EE.UU., pues es el primero de este tipo en ser abordado por la CIDH.
Perú / Oposición arremete contra Pedro Castillo
Pedro Castillo. (El Comercio)
La oposición peruana ha lanzado una nueva campaña para destituir al presidente Pedro Castillo. Las fuerzas derechistas buscan la inhabilitación del mandatario por “traición a la patria.”
La “oportunidad” para la oposición surgió con recientes declaraciones de Castillo abogando por una salida al mar para Bolivia, una demanda histórica del país vecino. Una comisión parlamentaria propondrá la inhabilitación de Castillo por 5 años. Miles de peruano marcharon el 5 de noviembre para exigir la dimisión del presidente.
El ex-líder sindical ha tenido muchos problemas para gobernar, con sucesivos cambios de gobierno que lo han dejado cada vez más aislado.
Colombia / Petro critica “fracaso” de conferencias climáticas
El presidente colombiano Gustavo Petro dejó duras críticas a las conferencias COP de Naciones Unidas dedicadas al cambio climático.
En su discurso en la COP27, realizada en Egipto, Petro planteó el desmantelamiento del sistema de instituciones internacionales, el fin de los combustibles fósiles y la planificación económica para salvar de la humanidad de estos «tiempos de extinción».
El líder colombiano, que ha priorizado la defensa del medio ambiente en su programa político, llamó también a que se implementaran programas concretos en defensa de la Amazonía junto a otros países de la región como Brasil y Venezuela.
Ecuador / Atentados en varias zonas del país
Crisis carcelaria en Ecuador. (Expreso)
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, amplió el estado de excepción que ya rige en las provincias de Guayas y Esmeraldas a la localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se han registrado atentados que incluyen el uso de carros bombas cerca de las gasolineras.
Lasso señaló como responsable a «la narcodelincuencia», en respuesta al operativo policial en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde un motín dejó más de una decena de uniformados heridos y en el que se incautaron armas, municiones y explosivos.
El mandatario ecuatoriano aseguró que el objetivo de los operativos en los centros carcelarios es «acabar» con la condición de “cuarteles generales del crimen».
Entrevista
Haití / Lautaro Rivara: “Hay un pacto para invizibilizar a la movilización del pueblo haitiano”
El periodista y sociólogo Lautaro Rivara analiza la convulsa realidad en Haití cuando crecen los rumores de una nueva intervención militar extranjera. Explica los diferentes cálculos políticos, la paramilitarización del país y la invisibilización del pueblo organizado.
Se habla más y más de la posibilidad de una intervención militar extranjera en Haití. ¿A qué juegan el gobierno (auto-proclamado) de Ariel Henry, por un lado, y EE.UU. por el otro?
La información previa es que Ariel Henry, el primer ministro interino de Haití, llamó a una ocupación militar transnacional sobre el territorio con el argumento de poder garantizar la seguridad en el país, combatir las bandas armadas, desbloquear puertos bajo control de los grupos paramilitares y también para hacer frente a un brote de cólera en la isla.
Henry busca un esquema de seguridad pretoriano para salvar un gobierno no electo democráticamente y absolutamente deslegitimado por una serie de protestas masivas y multitudinarias que llevan ya varios meses de duración. Esta especie de mediación internacional es imprescindible para que este gobierno siga en el poder y para que las élites que representa puedan continuar su política de saqueo y de rapiña en el país.
Este pedido de intervención tiene una especie de barniz de legitimidad y soberanía pero se debe leer básicamente como una orientación de los propios EE.UU. y sus aliados occidentales. Del punto de vista de EE.UU. los argumentos son un poco más complejos. Por un lado la administración demócrata tiene una especie de imperativo para actuar en un territorio considerado una especie de “lago interior” y salvaguardar un aliado geopolítico que ha sido útil en los últimos años. Al mismo tiempo, EE.UU. y aliados como Canadá también tienen intereses económicos concretos para sus empresas, en areas como la minería o la agricultura.
Tanto los medios como los gobiernos occidentales han hablado del problema de las “bandas armadas” en el país. ¿Cómo se podría entender este fenómeno de forma menos vaga e interesada? ¿Y qué grupos o países operan por detrás de esa cara más visible?
El tema de las bandas armadas en Haití, estos grupos criminales altamente organizados y cuasi paramilitares, es más complejo de lo que dicen las grandes corporaciones de prensa.
Estos grupos organizados existen desde hace mucho tiempo. No es un fenómeno novedosos ni tampoco estrictamente haitiano. Sin embargo era un fenómeno de baja intensidad que creció muy rápidamente en los últimos años, desde 2018, coincidiendo con un ciclo de movilizaciones populares masivas contra el gobierno del expresidente Jovenel Moïse y contra las políticas neoliberales “recomendadas” por el FMI. En ese memento empieza una infiltración de mercenarios, muchos de ellos norteamericanos, con armamento de gran calibre como si se prepararan para una guerra.
En ese contexto estas pequeñas bandas empiezan a fortalecerse, a tener financiamiento, acceso a armamento de gran calibre, luego se unifican. Así nació el G9, una de las “federaciones” más poderosas del país que controla barrios muy populosas de la capital, con un rol que ya no es puramente criminal sino claramente político también. En comunidades que pude visitar me explicaron que las acciones y masacres de las bandas armadas buscaban anular convocatorias de movilizaciones y protestas. Hay una articulación muy pública entre crimen organizado y el gobierno, y luego la conexión internacional a EE.UU. que vincula al tráfico de armas que llega puntualmente de la Florida.
La paramilitarización es un modelo que tampoco es novedoso en la región, fue aplicado en países como Colombia o repúblicas centroamericanas. Quizás lo más brutal y escabroso en el caso haitiano es que este modelo de inseguridad planificada, de gobernanza brutal a través del paramilitarismo se desarrolló de forma mucho más expedita.
¿En qué estado se encuentra actualmente la oposición y los movimientos sociales en Haití? Aunque haya mucho descontento y movilización, no parece haber una articulación que permita acumular fuerza.
La oposición y los movimientos sociales suelen estar completamente ausentes de los análisis hegemónicos sobre lo que pasa en el país. Hay un pacto tácito de invisibilizar las capacidades políticas, asociativas, movilizacionales, del pueblo haitiano, para deducir de forma más o menos lineal y obvia que la solución de los problemas del país vendría por algún tipo de intervención extranjera sea militar o sea vía ONGs u organismos internacionales.
En Haití el movimiento social evidentemente ha sido golpeado por este modelo paramilitar. Se venía recomponiendo después de la extensísima ocupación de las tropas de Naciones Unidas, había un proceso de recomposición social, de removilización popular y sobre todo de construcción de una unidad entre diferentes organizaciones políticas, sociales, sectores religiosos e incluso empresarios. Se constituyó el llamado Foro Patriótico de Papaye que luego amplió su articulación.
Se produjo el llamado acuerdo de Montana, suscrito por más de 300 organizaciones haitianas en un espectro muy amplio. La demanda es constituir un gobierno de transición que pueda enfrentar algunos de los desafíos más urgentes así como generar una reforma política que lleve por ejemplo a la celebración de elecciones limpias y transparentes. Estos sectores organizados siguen trabajando, mientras es muy claro que la población haitiana busca una salida soberana a esta crisis, sin la odiosa mediación de actores internacionales.
Resistencia contra el golpe en Bolivia en 2019.
Venas abiertas / Golpe en Bolivia
En noviembre de 2019, la OEA, los grandes medios y la extrema derecha boliviana conspiraron, con el apoyo de EE.UU., para organizar un golpe de Estado y derrocar el gobierno de Evo Morales en Bolivia.
Con una narrativa de “fraude electoral” que luego se demostró como totalmente falsa, fuerzas fascistas contaron con el apoyo de la policía y del ejército para tomar el poder. Se instaló un gobierno auto-proclamado liderado por Jeanine Áñez que desencadenó una ola de represión contra los apoyantes de Evo y de su partido, el MAS.
Sin embargo, Áñez y los extremistas no pudieron impedir la victoria electoral del MAS en un año después.
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Fuente: Investig’Action
