¿Afectará o no? Desarmando las mentiras sobre el embargo a Venezuela

Las sanciones tendrían como objetivo perjudicar la participación de una determinada empresa en el mercado estadounidense, utilizando el riesgo de un posible daño reputacional o financiero como arma política de chantaje. Con ese enfoque extorsivo proceden estos mecanismos de presión y guerra económica.

 

La narrativa a favor del bloqueo, otra vez

 

Tras la oficialización del embargo estadounidense contra Venezuela el lunes 5 de agosto en la noche, mediante una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, los medios y representantes políticos del antichavismo enfilan una campaña de blanqueamiento.

La narrativa es consecuente con el interés de posicionar una opinión favorable con relación a estas medidas, desestimando los impactos profundos que tendrá en el conjunto de la sociedad venezolana y en el funcionamiento del Estado venezolano.

Como en otras oportunidades, se insiste en que estas medidas punitivas apuntan única y exclusivamente al gobierno venezolano, catalogado como «ilegítimo» por los halcones de la Casa Blanca.

Incluso el título de la Orden Ejecutiva promulgada por Trump lleva implícito este tratamiento publicitario, al afirmar que se trata de un «bloqueo de activos al Gobierno de Venezuela».

 

Fragmento de la nota presidencial sobre última Orden Ejecutiva contra Venezuela (Foto: Casa Blanca)
 

Esto es falso, pues los activos sobre los cuales pesa la medida (CITGO, principalmente) no son propiedad del gobierno, sino del Estado. Y esto significa que, en última instancia, pertenecen a la nación. A todos los venezolanos.

CITGO y otros bienes y activos en territorio estadounidense no «pertenecen» al gobierno, aunque de él dependa su administración y gestión.

Pero la narrativa de presentarlo de esta manera ante la opinión pública persigue el doble objetivo de desaparecer a la sociedad venezolana en su conjunto como víctima principal del embargo recientemente declarado, al mismo tiempo que encubre el enorme robo a bienes económicos de todos los venezolanos, valorados en más de 20 mil millones de dólares.

El procurador fake del gobierno paralelo de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, una figura muy comentada en estos días por su defensa jurídica a favor de Crystallex contra los intereses de CITGO, ha salido al paso con esta narrativa en un intento por desestimar los impactos del embargo.

 

Según Hernández, insumos como alimentos, medicinas y otros bienes básicos, así como el sector privado en su conjunto, no recibirán ningún obstáculo o impedimento tras la promulgación de esta Orden Ejecutiva.

Lógicamente Juan Guaidó, en su rol de Procónsul de los Estados Unidos, acompañó este tratamiento informativo argumentando que el embargo aplicado es positivo para la vida de los venezolanos.

 

Por qué sí afectará el embargo: alcances de la medida

 

Aunque las transacciones entre terceros (países o empresas) y el Estado venezolano también quedan prohibidas, a menos que sea emitida alguna licencia específica que autorice dichas operaciones, Hernández y Guaidó insisten en silenciar la gravedad de esta acción.

En realidad, la Orden Ejecutiva obliga a la ruptura masiva de relaciones económicas y comerciales con el Estado venezolano a escala internacional, prohibiendo cualquier tipo de interacción para la importación de bienes básicos para el país.

Esto se conoce como «sanciones secundarias», un poder excepcional con el que cuenta ahora el Departamento del Tesoro para emitir sanciones, penas o multas, discrecionalmente, a empresas o países que sostengan operaciones financieras, económicas o comerciales con el Estado venezolano.

Estas sanciones tendrían como objetivo perjudicar la participación de determinada empresa en el mercado estadounidense, utilizando el riesgo de un posible daño reputacional o financiero como arma política de chantaje. Con ese enfoque extorsivo proceden estos mecanismos de presión y guerra económica.

Desde esta perspectiva, el campo de afectación del embargo es tan amplio como el mismo océano. Y para comprender su gravedad es necesario analizarlo de la siguiente manera.

Si el Estado venezolano necesita importar diluyentes para la producción de gasolina, alimentos para las Cajas CLAP, insumos para el parque industrial y agrícola, medicinas y material quirúrgico para sostener el sistema de salud pública, seguros para los buques que exportan petróleo e importan mercancía, el Departamento del Tesoro, amparado en la Orden Ejecutiva del 5 de agosto, presionará a cada una de las empresas contratadas para impedir esas compras.

Esta realidad se ha manifestado con especial dureza en 2019, con la exclusión total del Estado venezolano en las plataformas de pago internacional, además del endurecimiento de medidas coercitivas al Banco Central de Venezuela (BCV), PDVSA, Minerven, el programa público CLAP, entre otras instituciones financieras y económicas que son clave para la estabilidad del país.

 

Las consecuencias de esta presión es lógica: el socavamiento del sistema de protección social del Estado venezolano, el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y un mayor malestar económico producto de la escasez y encarecimiento de bienes básicos como alimentos y medicinas.

Pero estos obstáculos y afectaciones a la población ya vienen ocurriendo desde hace años, bajo una lógica acumulativa e incremental. En tal sentido, el rasgo que diferencia el alcance de esta Orden Ejecutiva yace en el sello legal que le imprime al bloqueo económico, financiero y comercial iniciado en 2015.

 

El tema del «sector privado»

 

Desde la narrativa propalada por los medios y representantes del antichavismo, como Hernández y Guaidó, el sector privado no se verá afectado por esta Orden Ejecutiva. Ambos parecen olvidar que las empresas estadounidenses que exportan diluyentes o mantienen operaciones conjuntas con PDVSA, serán afectadas severamente.

Pero el mensaje implícito es que la empresa privada equilibrará la situación y no sufrirá obstáculos para sus actividades ordinarias.

Y es justo en este elemento donde la estructura legal de la Orden Ejecutiva choca de forma catastrófica con la realidad, generando efectos demoledores.

La composición de la economía venezolana es rentista e importadora, así se ha desarrollado a lo largo de 100 años luego de la introducción del petróleo como eje de gravitación económica de la sociedad venezolana a principios del siglo XX.

Las compañías petroleras estadounidenses fueron clave en la creación de este sistema hecho a la medida de sus intereses, lo que convirtió al mercado estadounidense en el «espacio natural» para la compra de mercaderías y punto de llegada de la fuga de capitales.

Este factor estructural creó una relación de dependencia del sector privado con respecto al Estado y al mercado estadounidense, que fueron transformados rápidamente en fuentes de acumulación originaria bajo una lógica delictiva, monopolista y periférica.

El cuasi monopolio estatal sobre los petrodólares generados por la República hizo del mismo una caja chica con la que el empresariado venezolano ha sostenido un modelo de acumulación basado en las importaciones o en contratos públicos en diversas áreas de la economía nacional.

En consecuencia, el sector privado venezolano está ligado al Estado desde su nacimiento.

La Orden Ejecutiva autoriza emitir sanciones secundarias a privados que mantengan negocios directa o indirectamente con el Estado venezolano, y que ostenten cierto nivel de exposición, o participación, dentro del mercado estadounidense.

La naturaleza importadora del sector privado nacional provoca que ambas tesis se cumplan en áreas que vinculan servicios y bienes básicos.

La gran mayoría de empresas importadoras venezolanas están registradas en Estados Unidos y esa facilidad permite mantener activo el flujo de importaciones, acceder a líneas de crédito estadounidense y tercerizar servicios de diversa índole que tienen su origen allí. El papel del Estado, como fue durante muchos años, es el de proveer las divisas para sostener estas importaciones.

Desde esta perspectiva, la condición general del sector privado radica en una relación simbiótica con el Estado y en una dependencia total al mercado estadounidense.

Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera: una empresa que importa repuestos para computadoras desde Estados Unidos, muy posiblemente, en algún momento o en la actualidad, ha comprado divisas que oferta el Estado o vendió algún paquete de repuestos a una institución pública que los necesitaba para su funcionamiento.

A la luz de la Orden Ejecutiva, esta empresa que importa repuestos debe cesar cualquier relación con el Estado a riesgo de ser multado o penalizado por el Departamento del Tesoro. Aplique este mismo parámetro a importadoras de alimentos y medicinas, y tendrá un resultado aún más catastrófico.

Este caso, que puede parecer particular, representa en realidad el patrón de comportamiento general de la empresa privada venezolana. Y por esta razón, la Orden Ejecutiva de Trump representa un conjunto de obstáculos y trabas que todavía están por mostrar sus verdaderos alcances.

Porque, aunque lo nieguen Guaidó y Hernández, el sector privado de Venezuela viene embarazado de Estado.

 

Fuente : Misión Verdad