Agrocombustibles, una trampa para el medio ambiente, la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos
09 de julio de 2008
Colombia no escapa a la lógica neoliberal que recorre el mundo, en la cual prevalecen por encima de la vida, otros valores, los de las ganancias. Somos testigos de una disminución alarmante de la producción de alimentos para la población mundial, al mismo tiempo que la producción de los llamados « biocarburantes » se acelera de manera espectacular, dada su « rentabilidad ».
Los Estados Unidos y Europa, con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas, impulsan la destinación de tierras productivas a los monocultivos extensivos para la producción de la palma de aceite, caña de azúcar, soya, maíz, trigo y otras especies con miras a la producción del llamado combustible verde (etanol y diesel), y para ello se sirven del Banco Interamericano de Desarrollo y la Banca Mundial como herramienta de sometimiento para alcanzar sus fines.
En Colombia, el presidente Alvaro Uribe Vélez, ha venido preparando el terreno con diferentes medidas, no solo represivas, sino también con la promulgación de normas como la llamada Ley de Tierras. El gobierno afirma que la producción de los agrocombustibles es la alternativa a los cultivos ilícitos de cocaína por parte de los campesinos colombianos y un medio perfecto para la subsistencia de éstos. Lo que no dicen unos y otros es que Colombia, después de Brasil en el conjunto de países de América Latina, ha sido destinada a ser, por parte de Estados Unidos y Europa, el centro mundial para la producción de carburantes « verdes » para el aprovisionamiento de ellos, sin tener en cuenta los estragos causados al clima y al medio ambiente de la diversas regiones de Colombia en donde vienen siendo implementados estos monocultivos.
En Colombia, esta política ha sido implementada a sangre y fuego a instancias de grandes trasnacionales de la producción agrícola, con la complicidad de narcotraficantes y paramilitares, y el apoyo incondicional del presidente Uribe. En el proceso, comunidades enteras de regiones inmensamente ricas en biodiversidad, como las selvas tropicales del Chocó al noroccidente del país, y la Orinoquía colombiana, vienen siendo destinadas al cultivo de palma africana, causando desequilibrios en los ecosistemas de estas regiones y, adicionalmente, agravando la crisis humanitaria de la población.
Multinacionales del agro-combustible y la violacion de los derechos humanos
El 1997, las comunidades negras asentadas en el casco rural de los municipios de Jiguamandó, Curvaradó y Alto Mira (en el Urabá chocoana) fueron sometidos a desplazamiento forzado por operaciones conjuntas del Ejército de la XVII Brigada y paramilitares. Como consecuencia de estos hechos, casi seis mil campesinos tuvieron que albergarse en los municipios de Turbo, Apartadó y Mutatá. Hoy sabemos gracias a la Procuraduría General de la Nación que tal desplazamiento se debió al interés de URAPALMA (principal compañía de palma de aceite en la región) de colonizar la zona para el cultivo de agrocarburantes.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en favor de las comunidades negras del Urabá chocoano constatando sus difíciles condiciones humanitarias. Pese a estos pronunciamientos, en el período del año 2001 al 2006, varias empresas palmeras recibieron créditos e incentivos de capitalización rural del Banco Agrario colombiano para la extensión de estos cultivos. Entre las tierras afectadas se encuentran, precisamente, las que habían sido adjudicadas a las comunidades negras de Curvaradó, Jiguamindó y Alto Mira a titulo de compensación en noviembre del año 2000 por los perjuicios sufridos.
Igualmente, en la región media del río Magdalena, las trasnacionales de palma de aceite han utilizado los servicios de los narcoparamilitares para amenazar y desplazar las comunidades campesinas en resistencia (quienes adelantan proyectos productivos alternativos con miras a proteger el medio ambiente y la seguridad alimentaria de la región). La violación sistemática y recurrente de los derechos humanos se ha extendido hasta los trabajadores sindicalizados de esas compañías en la región. En la última década, 9 sindicalistas del sector de la palma de aceite han sido asesinados.
Las exigencias de Bush y la seguridad alimentaria
La visita de Bush a Colombia en marzo de 2007, tenía como uno de los objetivos principales, asegurar la producción de agrocarburantes para alimentar los vehículos de Estados Unidos. Tal ha sido la exigencia que en las selvas y llanuras, reservas forestales de la Orinoquía en los departamentos del Orinoco y Vichada, se han previsto un millón de hectáreas para los monocultivos a destinación de carburantes.
Esta cifra se uniría a las 2,5 millones de hectáreas previstas para la producción de carburantes en el país; al mismo tiempo Colombia disminuye su producción autóctona necesaria para su población, dependiendo cada vez mas de la importación de alimentos y afectando gravemente la seguridad alimentaria del país.
El 28 de abril de 2008, el Relator para los derechos humanos de la alimentación de la ONU, Jean Ziegler, aseguraba que «los biocarburantes son un crimen contra gran parte de la humanidad, algo intolerable… », preocupado ante la grave situación de hambruna de la mayoría de países pobres ; sin embargo para el gobierno colombiano, el negocio parece valer más que la vida de millones de colombianos.
El propio Banco Mundial ha reconocido «que el precio del trigo aumentó 130 por ciento en 36 meses y los alimentos en general subieron 83 por ciento; mientras que el maíz se incrementaba en un 53 por ciento y la soya en un 87 por ciento y el arroz en un74 por ciento, solo en los dos últimos años », confirmando los pronunciamientos de la FAO respecto al aumento de precios de los cereales.
Pero el problema de la seguridad alimentaria no solo tiene que ver con el aumento de precios, también se relaciona con la autodeterminación de los pueblos para decidir y controlar la base productiva de los alimentos para su población, es decir la soberanía de cada país sobre su producción autóctona de alimentos.
La nueva contra reforma agraria
Desde 1980, en Colombia se viene dando una verdadera contra-reforma agraria: la de los narcoparamilitares como estrategia contrainsurgente, tolerada y/o estimulada por los diferentes gobiernos. Los grupos paramilitares, con la complicidad de los servicios de seguridad del Estado, han desterrado de sus tierras a, aproximadamente, tres millones de campesinos, treinta mil desaparecidos, tres mil quinientas masacres, más de cinco mil dirigentes de oposición y defensores de derechos humanos asesinados, junto a dos mil quinientos once sindicalistas y mil setecientos indígenas colombianos, es el resultado de dicha estrategia.
Las tierras arrebatadas a las víctimas en departamentos y regiones como Córdoba, Cesar, Sucre, Urabá, Magdalena medio y Llanos Orientales han pasado a manos de los víctimarios, es decir, de ganaderos, grandes latifundistas y de los políticos de los partidos en el poder, como el ex-senador Mario Uribe, primo del actual presidente colombiano, quien extendió sus tierras con la ayuda de conocidos jefes narcoparamilitares.
La Ley de 2006 da vía libre a una mayor concentración de tierras, ya en manos de unos pocos, y a la legalización de tierras comunitarias usurpadas por los narcoparamilitares a campesinos, afrocolombianos y comunidades autóctonas hoy en situación de desplazamiento forzado. La ley faculta al gobierno a otorgar títulos de propiedad de las tierras del Estado o predios abandonados, a las personas que demuestren la posesión de terrenos durante más de 5 años con al menos una explotación del 80 por ciento del total de la tierra.
El propio Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, había advertido los peligros que encierra esta normativa. En un concepto previo a la aprobación del proyecto de ley, señalaba que el proyecto legalizaría predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares: "…se permite a grupos armados ilegales que se hayan quedado con tierras a través de la intimidación y de la violencia, que las puedan legalizar sin que tengan opción de recuperarlas sus verdaderos dueños: la población desplazada".
El estudio del Ministerio Público, basado en expertos, calificaba el proyecto como una verdadera "contrarreforma agraria" y afirmaba que " el articulado es un conjunto de disposicones ajenas a los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a legalizar y legitimar conductas contrarias sobre sus derechos territoriales, en varios casos con la participación activa de los grupos armados al margen de la ley". Así mismo, confirmaba que "atenta contra el derecho a la diferencia de las comunidades étnicas al pretender ajustarlas a modelos de desarrollo occidental ajenas a sus usos y costumbres".
Los efectos de esta ley ya empiezan a sentirse. Ciertas aberraciones han tenido lugar, como el caso del senador del departamento de Risaralda, Habib Merhag, miembro del partido en el poder, quien ha podido obtener en menos de dos años, alrededor de 22 mil hectáreas de tierra en el lejano departamento del vichada, al otro extremo de su circunscripción. En tanto, las familias campesinas de ese departamento, solo pueden acceder, cada una, al alquiler de 1,3 hectárea de tierra.
Otro gran propietario de tierras es el presidente Uribe Vélez, con más de 11 mil hectáreas de tierras, algunas colindantes con las del jefe paramillitar Salvador Mancuso, en el departamento de Córdoba.
El más reciente escándalo de tierras en Colombia lo protagonizó el ministro de la Agricultura, Andrés Felipe Arias. Este funcionario pretendía entregar los predios de la hacienda Carimagua a las multinacionales de la palma de aceite. Se trata de un predio de 17 mil hectáreas que había sido expropiado al narcotráfico y luego adjudicado por el Estado a familias desplazadas por la violencia política en el marco de un proyecto de reubicación y restablecimiento socioeconómico. Con esta iniciativa el Ministro violaba abiertamente las normas legales internas e internacionales en materia de atención a la población internamente desplazada. Solo la movilización de los afectados y la fuerte oposición de los parlamentarios de izquierda en el Congreso pudieron evitar que el ministro burlara una vez más los derechos de las victimas.
A manera de conclusión, puede decirse que la tendencia al cultivo de agrocombustibles se relaciona con, de un lado, la crisis alimentaría mundial y la autodeterminación de los pueblos, y de otro lado con el despojo a los pequeños campesinos de sus tierras en países como Colombia, con la consiguiente agravación de la crisis humanitaria que sufren. Es por estas razones que los ciudadanos de Europa y Estados Unidos, principales consumidores de los nuevos carburantes, deberían exigir a sus gobiernos la condena de esta forma de producción en nuestros países, a fin de detener un modelo económico que destruye el planeta y permite la perpetración de crímenes de lesa humanidad en los países de sur.
DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Entre la represión del neoliberalismo y la imaginación utópica de los pueblos. Entrevistado porRaphael Hoetmer, ALAI AMLATINA, junio 2008.
NICHOLS, Kelly y CAMPOS, Stella, Colombie : Le sang du pétrole vert. L’écologiste # 24, octobre-décembre 2007.
Concepto del Ministerio Público sobre el proyecto de ley No. 30 del Senado (o Estatuto de Desarrollo Rural. Octubre 2006.
ROBLEDO, Jorge. Senador de la Republica de Colombia. Ponencia « Globalización y seguridad alimentaria », en el Seminario Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaría. Universidad Nacional de Colombia, 6,7 de noviembre de 2001.
SUAREZ MONTOYA, Aurelio. La vulnerabilidad alimenticia de Colombia. Le monde Diplomatique, mayo 2008
En su informe de 2008, el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) estima en tres millones el numero de desplazados internos por violencia política en Colombia.
Fuente : Movice (Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado de Colombia).
Ibidem
Ibidem
Ver concepto del Ministerio Publico, op.cit.
Ibidem
ROBLEDO
